ada diciembre, la escena se repite con una previsibilidad casi burocrática. Mientras los discursos oficiales recuerdan la vigencia de la prohibición de pirotecnia en la ciudad, la ansiada calma de Navidad y Año Nuevo se sacude como si esa norma no existiera. No se trata de una infracción aislada ni de deslices individuales: es un incumplimiento masivo, sistemático y, lo más grave, completamente naturalizado.
La prohibición es clara. Está escrita, aprobada y en vigor. Sin embargo, su eficacia real es nula. La pirotecnia no solo se utiliza sin disimulo, sino que se comercializa de manera abierta, año tras año, sin que se detecten responsables ni se apliquen sanciones significativas. La norma existe, pero el responsable que debería hacerla cumplir parece ausente.
El problema adquiere una dimensión aún más inquietante si se observa el contexto geográfico. La provincia es insular. No hay infinitos accesos posibles. Todo lo que entra lo hace, necesariamente, a través de controles definidos: y tratándose de lo que se trata es imposible que ingrese vía aérea, por lo que en este caso se trata del tránsito por cuatro pasos fronterizos formales, dos del lado chileno y dos del argentino. No se trata de mercancía inocua: la pirotecnia es, en términos técnicos y legales, material explosivo. Y aun así, ingresa, circula y se vende como si atravesara un territorio sin aduanas, sin escáneres y sin autoridades.
La pregunta resulta inevitable: ¿cómo es posible que explosivos crucen reiteradamente controles fronterizos sin ser detectados? ¿Se trata de fallas técnicas, desidia operativa o una combinación más profunda de tolerancia y descontrol? Lo llamativo no es un caso excepcional, sino la regularidad del fenómeno. Si algo ocurre todos los años sin consecuencias, deja de ser un accidente y se convierte en un síntoma.
Mientras tanto, los argumentos contra la pirotecnia sobran y ya no admiten discusión honesta. Daños a personas con hipersensibilidad sensorial, efectos severos en animales, contaminación ambiental, riesgos de incendios y accidentes. Nada de esto es nuevo ni desconocido. La decisión de prohibir su uso partió, precisamente, de ese consenso. Lo que falla no es el diagnóstico, sino la capacidad de sostenerlo con hechos.
Aquí es donde la discusión deja de ser cultural o festiva y pasa a ser institucional. Una regulación sin poder de policía efectivo no es una política pública: es un gesto vacío. Una ley que no se controla ni se sanciona no ordena conductas, solo produce cinismo. El mensaje implícito es claro: cumplir es opcional, infringir no tiene costo.
Podría añadirse, además, un punto incómodo pero necesario: el de la responsabilidad individual. Porque más allá de las fallas del Estado, hay una cuota de imbecilidad explícita en quienes eligen usar pirotecnia sabiendo que está prohibida, que daña y que pone en riesgo a otros. No hay ignorancia posible: la información es pública, repetida hasta el cansancio. Persistir en esa conducta no es rebeldía ni tradición, es una mezcla de egoísmo y estupidez cívica. Es la idea infantil de que la diversión propia justifica cualquier molestia ajena, incluso cuando implica explosivos en manos inexpertas. Sin esa cuota de necedad social, el vacío del control estatal no alcanzaría para explicar la magnitud del problema.
El resultado es doblemente dañino. Por un lado, se perjudica a quienes sí respetan la norma y ven cómo el esfuerzo individual queda neutralizado por la impunidad ajena. Por otro, se erosiona la credibilidad del Estado, que aparece incapaz de controlar algo tan concreto como el ingreso y la venta de material prohibido en un territorio geográficamente delimitado.
No se trata de reclamar más normas ni de endurecer discursos cada diciembre. Se trata de asumir que regular sin controlar es, en los hechos, una forma de renuncia. Si la pirotecnia está prohibida, debe ser detectada en frontera, decomisada en la comercialización y sancionada en su uso. Todo lo demás es simulación.
Las fiestas de fin de año suelen invocarse como un momento de balance. Tal vez sea hora de aplicar ese ejercicio a las políticas públicas. Porque mientras los fuegos artificiales siguen estallando sobre una prohibición burlada, lo que queda en evidencia no es solo el ruido en el cielo, sino el vacío de autoridad en tierra.
