on la promulgación de la Ordenanza Municipal N° 6593, el Municipio de Ushuaia quedó formalmente habilitado para poner en marcha el cobro del ítem correspondiente al Programa Municipal de Sepelio Solidario y comenzar la prestación del servicio, aun cuando resta la reglamentación definitiva y el proceso licitatorio para la contratación del servicio.
La ordenanza, sancionada el 18 de diciembre de 2025, crea un servicio público de carácter social destinado a garantizar un sepelio digno a toda persona con residencia acreditada en la ciudad. Sin embargo, su entrada en vigencia marca un punto de inflexión: desde ahora, el Ejecutivo cuenta con respaldo legal para incorporar el cargo a la Tasa General por Servicios Municipales y estructurar el sistema operativo del seguro.
El financiamiento del programa se basa en una sobretasa del 10%, aplicada de manera universal y obligatoria para toda la población de contribuyentes, que alimentará un fondo específico cuyo destino exclusivo será cubrir los costos del servicio funerario. De este modo, el esquema deja de ser una hipótesis normativa y pasa a convertirse en una política activa, con impacto directo en todos los contribuyentes de la ciudad.
A favor de la ordenanza votaron los integrantes del bloque del Partido Justicialista: Laura Ávila, Gabriel De la Vega, Yesica Garay (actual Jefa de Gabinete del Municipio) y Nicolás Pelloli. También, la concejal del partido Provincia Grande, Daiana Freiberger, quien está vinculada familiarmente con una de las casas funerarias de Ushuaia. Freiberger viene manteniendo una postura crítica y fuertemente opositora a la gestión del intendente Walter Vuoto, aunque, llamativamente, acompañó la votación sobre tablas del proyecto impulsado desde el ejecutivo. De igual manera, el bloque de FORJA, integrado por Fernando Oyarzún y Analía Escalante, apoyó la iniciativa del Seguro de Sepelio Solidario. Quien también acompañó, a pesar de tener una postura contraria al oficialismo municipal fue el concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Vladimir Espeche, quien a principios de año batalló contra la intendencia en una sucesión de pedidos de acceso a la información pública.
Sin embargo, el seguro obligatorio amontonó a oficialistas y varios de los ediles opositores sin que mediara explicación alguna de quienes cambiaron de postura política frente a este proyecto en particular.
En contra de la ordenanza votaron el concejal del bloque ¨Somos Fueguinos¨, Valter Tavarone, y la integrantes del ¨La Libertad Avanza¨, Marjorette Saldías.
Un seguro con características ya definidas
Tal como pudo constatar este medio, las condiciones de aplicación del seguro de sepelio ya se encuentran proyectadas sobre una serie de parámetros técnicos concretos, que ahora el Municipio está en condiciones de instrumentar.
En primer lugar, el sistema prevé una cobertura masiva que alcanza a unos 110 mil residentes de Ushuaia, siempre que acrediten domicilio legal en la ciudad mediante DNI actualizado. La póliza sería innominada, lo que elimina la necesidad de inscripción individual previa.
En segundo término, la suma asegurada se estableció en 4 millones de pesos por persona, monto destinado a cubrir el servicio de sepelio básico y los traslados al ejido urbano de Ushuaia en caso de fallecimiento fuera de la ciudad, ya sea por enfermedad o accidente.
El esquema contempla además una póliza anual con refacturación mensual, una comisión sobre prima del 55% —con una diferencia máxima del 10% entre costo y premio— y una proyección estadística de 350 fallecimientos por año, utilizada como base para calcular la sustentabilidad financiera del fondo.
Según la documentación relevada, el servicio saldrá por licitación, proceso que comenzaría a instrumentarse durante los próximos 60 días, con la contratación de casas funerarias habilitadas en Ushuaia, tal como lo establece la ordenanza.
Si bien la ordenanza fija que el Departamento Ejecutivo Municipal será la autoridad de aplicación y deberá garantizar mecanismos de seguimiento, información y control, la reglamentación cuenta con un plazo de hasta 90 días. Mientras tanto, la norma habilita al Municipio a implementar medidas operativas mínimas para poner en funcionamiento el programa sin alterar sus requisitos sustanciales.
Este punto es central en la discusión política: la vigencia de la ordenanza permite avanzar en el cobro obligatorio y en la estructuración del servicio, aun cuando el debate legislativo fue limitado y no se realizaron reuniones abiertas para debatir el tema ni análisis previos en comisión.
Entre la urgencia social y la controversia institucional
Desde el oficialismo, el Sepelio Solidario es presentado como una herramienta de justicia social que garantiza un derecho básico y evita situaciones de desamparo en momentos críticos. Desde la oposición, en cambio, se cuestiona el procedimiento legislativo, la obligatoriedad del aporte y la falta de información pública previa sobre costos, beneficiarios y control del fondo.
En la práctica, con la promulgación ya efectivizada, el programa dejó de ser una discusión teórica. El Municipio cuenta ahora con la llave legal para cobrar, contratar y prestar el servicio, mientras la ciudad asiste a un debate que, lejos de cerrarse con la sanción, recién comienza en el terreno de la implementación, el impacto económico y las incógnitas en torno a cómo se aplicarán los fondos de la sobretasa creada por la ordenanza recientemente promulgada.
