a intervención del Gobierno Nacional en el Puerto de Ushuaia generó fuertes críticas desde la conducción provincial del organismo portuario, que denunció una apropiación “intempestiva y sin fundamentos administrativos”. Según relató el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, la medida se ejecutó durante la madrugada, sin notificación previa y con el despliegue de funcionarios de ANPyN —la Administración Nacional de Puertos— que informaron que el interventor no se encontraba en la provincia, sino en Buenos Aires.
“Se apropiaron de la infraestructura y de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos”, advirtió Murcia. Explicó que desde el momento de la intervención, los pagos por uso de muelle o servicios logísticos comenzaron a dirigirse directamente a una cuenta de la Administración General de Puertos (AGP), actualmente en proceso de liquidación. “Desde las cero horas del día anterior, todas las facturaciones salen a nombre del barco y son cobradas por ANPyN”, sostuvo.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del personal. Según describió, a los trabajadores provinciales de planta permanente —incluidos oficiales de protección portuaria— no se les permite el ingreso. “Hoy no pueden desarrollar su trabajo dentro del área portuaria”, remarcó, y señaló que tampoco él mismo puede ingresar al predio. “Soy la autoridad designada por la provincia, pero tengo que pedir permiso por nota para poder entrar”, denunció.
El impacto operativo es evidente. Las tareas de logística, como el movimiento de contenedores dentro de la plazoleta portuaria, eran realizadas por personal y maquinaria adquirida con fondos provinciales. Actualmente, estas funciones no están siendo cubiertas. “A las empresas se les dice que busquen una empresa privada porque no disponen de maquinaria”, explicó. Y agregó: “Prometieron no tocar la infraestructura, pero ahora usan el muelle, que también es propiedad de la provincia”.
Murcia aseguró que no existió ninguna sanción previa que justificara esta intervención. “Nunca recibimos un apercibimiento o una sanción por parte de ANPyN”, subrayó. Las últimas inspecciones de Prefectura, según detalló, no dejaron observaciones pendientes, y la seguridad del muelle fue considerada adecuada. “Los cruceros siguen operando normalmente. Nadie vendría a un lugar inseguro con 3.700 pasajeros a bordo”, expresó.
Desde la Dirección Provincial de Puertos se presentó una impugnación formal a la resolución de intervención. “Pedimos que nos devuelvan los espacios de trabajo. Si el problema era el muelle, que actúen sobre el muelle, pero no bloqueen toda la operatividad”, reclamó Murcia, subrayando que el puerto funciona como una articulación público-privada que ahora está siendo desmantelada.
El funcionario también cuestionó el trasfondo de la medida. Señaló que existían gestiones conjuntas previas con ANPyN para mejorar aspectos del puerto, como la compra de defensas para el muelle. “Incluso les pedimos ayuda para destrabar operaciones de comercio exterior y poder pagar a proveedores”, recordó.
Sobre el rol de la Prefectura, explicó que sus inspecciones siempre fueron superadas y que no hay informes que sustenten la decisión de intervención por razones de seguridad. En cuanto al marco institucional, remarcó que el procedimiento fue ‘unilateral’ y que las notificaciones oficiales llegaron recién después de concretada la ocupación del predio.
“Esta intervención vulnera la autoridad provincial y deja sin tareas al personal, afectando directamente la operatividad del único puerto con bandera argentina en el Atlántico Sur”, concluyó.
