l conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó en las últimas horas un respaldo sindical de peso a la posición del Gobierno de Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella recibió en Casa Tierra del Fuego a autoridades de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (ADPFA), quienes expresaron su apoyo Gobierno nacional de avanzar sobre la administración a la gestión provincial y cuestionaron con dureza la decisión del del principal puerto fueguino.
Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de coordinar acciones para revertir la intervención dispuesta por la Nación y restituir la gestión portuaria al ámbito provincial. Desde el gremio sostienen que la medida constituye una intromisión directa sobre competencias que corresponden a la provincia y que vulnera el esquema federal establecido tras la transferencia de los puertos en la década del noventa.
El secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación del Personal de Dirección de Puertos Argentinos, Ricardo Alonso, afirmó que la reunión tuvo como objetivo “dar apoyo al gobernador ante la difícil situación que atraviesa el puerto de Ushuaia” y avanzar en una estrategia común para recuperar su administración. Según el dirigente, el puerto “debe estar bajo control de la provincia, que es donde corresponde que esté”.
Alonso calificó la intervención como una decisión “arbitraria” del Gobierno federal, tanto por su contenido como por la forma en que se ejecutó. Señaló que se trata de una invasión de jurisdicción provincial y cuestionó que la gestión haya quedado en manos de funcionarios nacionales “que no conocen la provincia ni su realidad operativa”. A ese cuadro sumó una denuncia concreta: el presunto desvío de fondos generados por la actividad portuaria hacia cuentas nacionales, en lugar de permanecer en las cuentas específicas del puerto, tal como lo establece la normativa vigente.
El dirigente gremial también puso el foco en el valor estratégico y económico del Puerto de Ushuaia. Recordó que durante la temporada alta arriban alrededor de 550 cruceros, lo que convierte al puerto en un nodo clave para la actividad turística y logística. A eso se suma su ubicación geopolítica, con proyección hacia la Antártida y el Atlántico Sur, y su cercanía a las Islas Malvinas, factores que —según sostuvo— explican el interés del Gobierno nacional por avanzar sobre su control.
En ese contexto, Alonso mencionó el arribo de un avión estadounidense pocos días después de la intervención del puerto, sin anuncio previo ni controles visibles por parte del Estado argentino. Si bien aclaró que no existen pruebas de una relación directa entre ambos hechos, consideró que la situación “llama la atención” y refuerza las sospechas sobre intereses estratégicos en juego.
Desde ADPFA advierten que el caso Ushuaia no sería un hecho aislado. Para el gremio, la intervención podría formar parte de una “prueba piloto” orientada a recuperar para la órbita nacional los puertos que fueron transferidos a las provincias en los años noventa, e incluso aquellos que luego fueron privatizados. “No tenemos dudas de que hay un plan mayor detrás de esta decisión”, afirmó Alonso, al explicar la preocupación del sector.
Por su parte, el gobernador Melella ratificó ante los representantes sindicales el compromiso de su gestión de defender las competencias provinciales y la autonomía fueguina. El mandatario insistió en que el control del Puerto de Ushuaia es un aspecto central para el desarrollo económico y estratégico de la provincia, y reafirmó su decisión de avanzar por las vías políticas e institucionales necesarias para revertir la intervención y garantizar una administración acorde a los intereses de Tierra del Fuego.
