a causa judicial por presuntos sobornos y desvíos de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el procesamiento de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía de la Nación y exresponsable de proyectos vinculados al Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).
La resolución judicial alcanzó también al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y se conoció luego de una serie de medidas que profundizaron el alcance del expediente. En particular, la situación de Calvete quedó bajo la lupa tras un allanamiento en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Justicia secuestró cerca de USD 700.000 en efectivo, además de otras divisas, documentación y dispositivos electrónicos.
En ese marco, la exfuncionaria había ocupado un rol estratégico dentro del Estado nacional. Se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, área desde la cual intervenía en programas de financiamiento productivo, entre ellos el FAMP. Asimismo, representaba al Poder Ejecutivo en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), un espacio clave para la administración y el control del régimen industrial de Tierra del Fuego.
A partir del avance de la causa y del impacto político del hallazgo de dinero en su domicilio, Calvete presentó su renuncia en noviembre de 2025, en un contexto de fuerte presión institucional. Desde el Palacio de Hacienda se consideró entonces que su continuidad en el cargo resultaba incompatible con la gravedad de las imputaciones.
Posteriormente, y en un intento por despegarse de las acusaciones, la exdirectora solicitó su sobreseimiento, argumentando que el dinero incautado no le pertenecía, sino que estaba vinculado a una empresa relacionada con su padre, Miguel Ángel Calvete, quien también se encuentra bajo investigación y es señalado por la Fiscalía como un actor relevante en presuntas maniobras con proveedores del Estado.
En su descargo ante la Justicia, Calvete además relativizó mensajes de chat incorporados a la causa, calificándolos como una “broma” y negando haber intervenido de manera directa en la gestión de los fondos investigados.
Sin embargo, la causa —a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi— continúa avanzando con otros imputados y mantiene en tensión al Gobierno nacional. En Tierra del Fuego, el caso genera especial atención por el vínculo de la exfuncionaria con el FAMP y con organismos clave del régimen industrial, reavivando el debate sobre los controles, la transparencia y el uso de fondos públicos destinados a políticas productivas y sociales.
