l Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego expresó su rechazo a la media sanción del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad y advirtió que la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos humanos y en el enfoque de niñez vigente en la Argentina.
La postura oficial fue fijada a través del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, quien sostuvo que la propuesta se aparta del paradigma de protección integral consagrado en la legislación nacional y en los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que posee jerarquía constitucional.
Según el funcionario, la reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz en términos de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que atraviesan las trayectorias de vulneración de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, advirtió que la discusión no puede centrarse exclusivamente en el endurecimiento del sistema penal frente a problemáticas complejas.
“La protección integral no puede ceder ante la lógica del castigo anticipado”, afirmó Ponce, al plantear que el proyecto desplaza la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva. A su entender, esa orientación debilita los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento territorial que deberían fortalecerse para intervenir de manera temprana en situaciones de riesgo.
El Ministerio sostuvo que las infancias y adolescencias requieren políticas públicas integrales, sostenidas e intersectoriales, con articulación entre educación, salud, desarrollo social y justicia. Desde esa perspectiva, penalizar de manera anticipada impacta en procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, y puede profundizar desigualdades preexistentes.
La cartera provincial alertó que el debate sobre la edad de imputabilidad no puede escindirse de las condiciones sociales que atraviesan a los sectores más vulnerables. En ese marco, consideró que una reforma de este tipo compromete la sostenibilidad de la vida en etapas sensibles y consolida una mirada centrada en la sanción antes que en la inclusión.
Para la Secretaría de Niñez, la respuesta estatal frente a conflictos que involucran a adolescentes debe orientarse al fortalecimiento del primer nivel de cuidado, la ampliación de dispositivos de acompañamiento y el acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de integración social.
El pronunciamiento provincial se suma a otras voces que cuestionan la media sanción del proyecto y anticipa un debate que continuará en el ámbito legislativo nacional. En Tierra del Fuego, el Ejecutivo dejó en claro que sostendrá el enfoque de protección integral como marco rector de sus políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.
