l Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur procesó al conductor de la camioneta involucrada en el siniestro vial que terminó con la vida de la médica Ana María Zingoni de Cano. La resolución, firmada por la jueza María Cristina Barrionuevo, encuadra el hecho como homicidio por conducción imprudente de automotor.
El imputado es Alejandro Robinson Hidalgo Parra, de 48 años, a quien se considera autor penalmente responsable del hecho ocurrido el sábado 14 de febrero, en horas del mediodía, sobre la Ruta Nacional Nº 3.
De acuerdo con la imputación judicial, Hidalgo conducía una camioneta Ford F-150 Raptor y se desplazaba acompañado por su pareja, en dirección sur-norte, con destino a la República de Chile. En esas circunstancias, y por causas que se analizan en la investigación, el vehículo habría embestido a la médica, que circulaba en bicicleta por el costado de la ruta en el mismo sentido de tránsito.
El impacto se produjo a unos 300 metros del puente sobre el río Olivia, en inmediaciones del ingreso al camping de la zona. Como consecuencia de la colisión, Zingoni sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento.
En su resolución, la magistrada dispuso mantener las reglas de conducta que ya habían sido impuestas al imputado. Entre ellas, la obligación de comparecer cada vez que sea citado por la Justicia y de informar cualquier cambio de domicilio. Además, se le prohibió salir de la provincia y del país sin autorización judicial expresa, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención en caso de incumplimiento.
Para garantizar el control de esa medida, se libró cédula a la Oficina de Convenio (DGICU) a fin de incorporar la restricción en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y notificar a las restantes fuerzas de seguridad, así como a la Dirección Nacional de Migraciones.
La jueza también resolvió trabar embargo sobre dinero o bienes del imputado hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos, monto que apunta a asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso penal.
El procesamiento no implica una condena, pero supone que la magistrada consideró reunidos elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia una eventual instancia de juicio.
La muerte de la profesional generó una profunda conmoción en la comunidad, donde era reconocida por su trayectoria y compromiso. La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se aguarda la definición de los próximos pasos procesales en un caso que volvió a poner en debate la seguridad vial en la principal ruta de conexión de la provincia.
