a apelación presentada por la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego ante la Cámara Federal puso bajo la lupa la actuación del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. En el marco de ese recurso, el organismo provincial reconstruyó una secuencia administrativa y judicial que considera irregular y que se produjo precisamente en el contexto del rechazo de una recusación planteada contra el magistrado.
El planteo surge dentro del expediente en el que la Dirección de Puertos cuestiona decisiones vinculadas a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Allí, el organismo provincial interpuso un recurso de apelación contra una resolución firmada por Calvete el 19 de febrero de 2026. Sin embargo, más allá del contenido jurídico del fallo, la atención se concentró en la particular forma en que el juez intervino ese día.
De acuerdo con la reconstrucción que realiza la apelación, pocos días antes el magistrado tenía licencia concedida y el juzgado estaba siendo atendido por jueces subrogantes. Esa licencia había sido otorgada mediante el acuerdo N.º 10/2026, que establecía que Calvete estaría ausente en distintas fechas de febrero y marzo, entre ellas el período que comenzaba el 19 de febrero y se extendía hasta mediados del mes siguiente.
Para garantizar el funcionamiento del tribunal durante esas ausencias, la resolución administrativa había designado a distintos jueces federales como subrogantes. De ese modo, el despacho del juzgado quedaba cubierto mientras el titular se encontraba con licencia.
Sin embargo, la situación dio un giro inexplicable en las horas previas de la resolución que fue apelada en primera instancia. Según consta en el expediente, el propio juez Federico Calvete envió oficios electrónicos solicitando que se dejara sin efecto parcialmente la licencia que tenía otorgada.
Sucede que el pedido fue aceptado mediante la Resolución N.º 29/2026, firmada el 18 de febrero. En ese acto administrativo se dispuso cancelar la licencia correspondiente al día 19 de febrero de 2026. Es decir, el magistrado retomaría funciones únicamente durante esa jornada específica.
Lo llamativo es que ese mismo día —el 19 de febrero— Calvete firmó la resolución que rechazó la recusación sin causa presentada por la Dirección Provincial de Puertos y que posteriormente sería apelada ante la Cámara.
La secuencia temporal que surge del expediente es particularmente singular. Hasta ese momento, el juzgado estaba bajo la cobertura de jueces subrogantes debido a la licencia del magistrado titular. Sin embargo, el propio juez solicitó interrumpir su licencia por un solo día, firmó la resolución cuestionada y luego volvió a ausentarse.
En efecto, según se detalla en la apelación, el magistrado retomó la licencia el 20 de febrero, es decir, inmediatamente después de haber firmado el fallo que hoy se encuentra en revisión. Es decir: Estaba de vacaciones, solo volvió para rechazar la acción contra la intervención federal al Puerto de Ushuaia, y luego retomó su licencia ya programada.
Desde la perspectiva de la Dirección Provincial de Puertos, esta secuencia constituye una circunstancia “anómala” dentro del desarrollo del proceso. En el escrito presentado ante la Cámara se destaca que el primer proveído del expediente había sido dictado por un juez subrogante el 12 de febrero. Sin embargo, la intervención posterior del magistrado titular modificó esa dinámica.
El punto central del cuestionamiento no se limita a la cuestión administrativa de la licencia. Según el recurso de apelación, la decisión de suspender la licencia únicamente para firmar la resolución controvertida plantea dudas sobre la transparencia del procedimiento y la percepción de imparcialidad del tribunal a cargo de Calvete.
En ese sentido, la Dirección de Puertos sostiene que el magistrado no sólo rechazó la recusación planteada, sino que además formuló afirmaciones críticas sobre la conducta procesal de la DPP. En particular, el fallo sugiere que el uso de la recusación podría haber buscado provocar la intervención de otro juez.
Para la Dirección de Puertos, ese tipo de afirmaciones excede el análisis técnico del planteo procesal y supone atribuir intenciones a la parte que ejerce un derecho reconocido por la legislación procesal.
Calvete, incompetente y confundido
A su vez, el recurso también cuestiona otros aspectos del fallo, como la supuesta confusión entre la Dirección Provincial de Puertos —un ente autárquico con personalidad jurídica propia— y el gobierno de la provincia. Según la apelación, esa equiparación constituye un error conceptual relevante dentro del razonamiento de la resolución.
Pero el eje más llamativo del planteo sigue siendo la secuencia administrativa que rodeó la firma del fallo. En el contexto de la apelación ante la Cámara Federal, la Dirección de Puertos sostiene que el hecho de que el juez Federico Calvete haya suspendido su licencia exclusivamente para dictar la resolución cuestionada y luego haya retomado su ausencia al día siguiente resulta, como mínimo, una circunstancia inusual.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar el recurso y determinar si la resolución del 19 de febrero debe mantenerse o ser revocada. En ese análisis no sólo se evaluará el contenido jurídico del fallo, sino también el contexto en el que fue dictado.
Mientras tanto, la actitud del juez federal de Ushuaia ya abrió un debate más amplio sobre la importancia de la transparencia y la previsibilidad en el funcionamiento del sistema judicial en medio de la transferencia de fondos irregulares de la provincia hacia cuentas bancarias nacionales. Tal como detallaron a este medio varios letrados consultados, en este tipo de causas sensibles, cada decisión —administrativa o jurisdiccional— se convierten en elementos centrales del debate donde se encuentra en juego el ejercicio de la soberanía de Tierra del Fuego.
