l Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego abrió una Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) para atender, contener y acompañar a personas afectadas por un delito penal, una práctica que modificó el primer contacto de los denunciantes con la Justicia y de quienes padecen situaciones de violencia e inseguridad, al empoderarlos y permitirles no sólo aliviar su condición, sino también asumir un papel activo en la causa contra los victimarios.
La experiencia comenzó en Ushuaia, a instancias del jefe de fiscales de la provincia, Eduardo Urquiza, y luego se replicó en los demás distritos fueguinos. En el presente, la OAV atiende alrededor de 400 casos mensuales.
Antes de la implementación de esta respuesta institucional, a la Fiscalía de la ciudad de Ushuaia llegaban todos los días personas afligidas, a veces enojadas o perturbadas. Iban a denunciar un hecho mortificante, que les había cambiado la vida y no precisamente para bien. Llegar hasta allí ya significaba un esfuerzo inmenso por lo que implicaba enfrentarse a lo desconocido y por la sensibilidad de las motivaciones que impulsaban la necesidad de hacerlo. Llegar allí suponía animarse, romper ataduras internas, decidirse a hablar.
Pero en la mesa de entradas del Ministerio Público Fiscal (MPF) fueguino se encontraban con más frío que el que marcaba el termómetro del Fin del Mundo. El personal, lejos de escuchar a las víctimas, planteaba trabas antes que soluciones. Con algunas frases incluso hirientes (como, por ejemplo, “no te conviene denunciar eso, es difícil de probar”) tendían a subestimar el primer relato que recibían. Los abrumaban con lenguaje técnico y les reprochaban la falta de pruebas. Por lo general, los derivaban a otras oficinas, o los desalentaban a efectuar la denuncia, despachándolos de nuevo al calvario de donde venían.
Algunos se iban sin siquiera protestar, pero otros empezaron a mostrar disconformidad. Ahí mismo, con el propio equipo del MPF, en las oficinas de enfrente, o con la Policía que se acercaba a contener enojos. La situación de malestar se volvió cotidiana. “Las quejas eran permanentes. Esto construyó una imagen pésima para el sistema de atención al público”, reconoce el jefe de fiscales de Tierra del Fuego, Eduardo Urquiza.
El filtro resultaba tan inexpugnable que, en múltiples ocasiones, las fiscalías de turno desconocían que una persona se había presentado a efectuar una denuncia o se enteraban por las repercusiones de algún tumulto en los pasillos de los Tribunales. Las quejas también llegaban a otras instancias institucionales, como el propio Superior Tribunal de Justicia.
Pese a ser la provincia con menos habitantes del país (en el orden de los 190.000) Tierra del Fuego exhibe altos niveles de litigiosidad judicial en relación a su población. Según datos del MPF, en 2025 ingresaron alrededor de 900 denuncias mensuales (400 en la ciudad de Ushuaia y 500 en Río Grande) de las que el 50% corresponden a delitos de género o vinculados a género, y a delitos sexuales en todas sus variantes. Es decir, todos actos ilícitos perpetrados en contextos de violencia, y muchos de ellos de carácter intrafamiliar, con víctimas en situación de vulnerabilidad o personas menores de edad involucradas.
Esas son las personas que llegan cotidianamente a la puerta de la Fiscalía fueguina a contar lo que les pasa.
Empoderamiento de las víctimas
Algunos abogados le dicen “mácula”. Es algo así como el rastro que un delito puede dejar en la persona que lo sufre. Por supuesto, no es lo mismo en todos los casos. En los delitos violentos, en especial, el daño puede extenderse en el tiempo e incluso no desaparecer nunca.
La contención de las víctimas sirve no solo para morigerar ese daño derivado de tener que soportar la conducta ilícita, sino también para que esa persona vulnerada sea capaz de acompañar la toma de decisiones que entraña un proceso penal.
En el MPF explican que desde mediados de 2023 esos son los cambios más perceptibles de la labor de la OAV. Por un lado, los fiscales ya no actúan “a ciegas”, sino que consultan a la víctima y, entonces, “la toma decisiones se torna más asertiva”, según indican. “Hay un empoderamiento de la víctima, que, como parte de su proceso de sanación, ahora ayuda y acerca puntos de vista para asegurar un recorrido procesal probablemente más correcto”, explica el fiscal Urquiza, gestor de la OAV.
Un ejemplo de las ventajas que trajo este cambio es la posibilidad de evaluar la posición de la víctima respecto del juicio oral dado que a veces esta instancia acrecienta los daños. “Por eso escuchamos y consideramos la postura de quien ya ha sufrido. No siempre hay coincidencia, pero este contacto nos ha cambiado la forma de encarar ciertos procesos”, admite el creador de la Oficina fueguina.
Aunque la dependencia está trabajando en la producción de estadísticas propias, se estima que interviene de manera activa en unas 400 denuncias mensuales, entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande, y el Municipio de Tolhuin. Esto significa unas 4.800 atenciones al año y 14.400 desde el inicio de funcionamiento del organismo en febrero de 2023.
“Creo que hay un antes y un después de estas prácticas porque en el proceso penal no siempre las víctimas son citadas, salvo que se constituyan como querellantes en la causa. Entonces, esta Oficina se convierte en el único nexo entre la víctima y el proceso”, reflexiona Asunción.
Para la fiscala Mártire, en el proceso de escucha y acompañamiento de las víctimas; en la dinámica de oír su opinión, y de respetar lo que sienten y piensan, ya hay un resultado que puede ser apreciado. “Estoy muy orgullosa del trayecto recorrido, en especial de cómo fuimos avanzando en el camino de una mejor atención”, evalúa la funcionaria.
Por el momento hay apreciaciones cualitativas, informes coincidentes, y factores comunes que surgen en reuniones de análisis o de planificación que dan cuenta de la utilidad de la OAV. El organismo trabaja en la estandarización de esos datos mediante el diseño de encuestas específicas que resguarden la confidencialidad y la implementación de sistemas informáticos que sirvan para reunir esa información.
En forma paralela también se están confeccionando protocolos de actuación, tratando de internalizar reglamentos que cobijen la mayor parte de las intervenciones, y que dialoguen todo el tiempo con la realidad de cada día. La idea es que exista “un esquema de reformulación constante y de rediseño del plan de trabajo original”, sintetizan los actores judiciales.
“En mi caso trabajo en la planificación y gestión interna. Se siente algo muy potente cuando mediante estas modalidades podemos ayudar a las personas en un momento de vulnerabilidad. Es un proceso que nos consolida como servidores públicos”, concluye Asunción.
Un cambio hacia adentro
La primera batalla de los gestores de la OAV fue la inercia de un sistema judicial que todavía conserva una forma de actuación apegada a la letra de los procedimientos y que aparta a las víctimas fuera del rol central de las actuaciones. Los gestores de la Oficina hablan de los “estertores del sistema inquisitivo” que siguen sin atender las demandas modernas de la población sobre la Justicia penal.
También se refieren a la distancia, que en ocasiones se convierte en muros, y que separa a los organismos de primera instancia -en contacto directo con la ciudadanía- de los de mayor jerarquía judicial, como las cámaras de apelaciones o los superiores tribunales.
“A veces hablamos de estos temas con funcionarios que no tienen idea de los casos reales y que están acostumbrados a lidiar solo con expedientes”, relata el fiscal Urquiza.
Si bien la Oficina nació en la ciudad de Ushuaia, el Ministerio Público Fiscal ya logró replicarla en Río Grande, en el norte provincial, atendiendo también a las particularidades propias de ese distrito situado a poco más de 200 kilómetros de distancia.
El equipo de atención a las víctimas fue aprendiendo y entendiendo las particularidades de cada lugar. Un ejemplo de ello ocurrió en Río Grande, donde empezó a verificarse que muchos de los procesos no prosperaban o se ralentizaban por la falta de presentación de las víctimas o de los testigos para declarar. Cuando indagaron los motivos se dieron cuenta de que la mayoría vivía en un barrio popular lejano a la sede judicial, con problemas económicos y sociales.
La OAV trabaja actualmente en la generación de un sistema de transporte de la propia Justicia para subsanar ese problema logístico. También tiene que producir una agenda común con los juzgados. “Si las víctimas no vienen, hay que garantizar que lleguen e ir a buscarlas si hace falta. Debemos aprender de la experiencia”, sostiene Urquiza.
(Nota de la Redacción: Esta investigación fue desarrollada en el ámbito del programa “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia” (2026) del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Red Federal de Periodismo Judicial. El proyecto recibió el apoyo de la Embajada Británica en la Argentina. Más datos en https://buenaspracticasjudiciales.fopea.org/)
