l Gobierno de Tierra del Fuego avanza con distintas acciones judiciales para cuestionar la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La estrategia legal incluye dos causas impulsadas por la provincia y por la Dirección Provincial de Puertos, en un conflicto que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que también continúa su trámite en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
El secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossato, explicó que la primera presentación judicial fue realizada por la provincia y apunta directamente a la declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo que dispuso la intervención. Según detalló, la causa fue elevada por el Juzgado Federal de Ushuaia a la Corte Suprema, donde actualmente se analiza la competencia y la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la resolución.
Fossato señaló que el planteo provincial cuestiona la legalidad del acto administrativo por afectar principios constitucionales y la autonomía provincial sobre la administración portuaria. En ese marco, indicó que “nosotros venimos desde el primer día, cuando se notificó la resolución de ANPyN a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos, tomando conocimiento del acto administrativo que determinaba la suspensión de la habilitación y la intervención en materia de infraestructura portuaria”.
El funcionario explicó que la estrategia judicial se estructuró en dos carriles paralelos: uno impulsado por el Gobierno provincial y otro por la propia Dirección Provincial de Puertos. “Siempre fuimos en un carril de dos causas: por un lado la Provincia de Tierra del Fuego, cuya legitimación surge del convenio de transferencia por el cual la Nación cedió la administración del puerto, y por otro lado la Dirección Provincial de Puertos, que lleva adelante su propia estrategia administrativa y judicial por el acto de intervención”, afirmó.
La presentación provincial solicita la declaración de inconstitucionalidad de la resolución nacional y, como medida urgente, la suspensión de sus efectos. En ese sentido, Fossato explicó que “la esencia de lo que estamos solicitando es la declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo por diferentes aspectos que atacan principios constitucionales y administrativos, y también los recursos provinciales que permiten el funcionamiento de la Dirección Provincial de Puertos”.
El funcionario detalló que uno de los puntos centrales del reclamo es lograr una medida cautelar que permita revertir la intervención mientras se analiza el fondo del conflicto. “Lo que consideramos apremiante es poder lograr la medida cautelar para suspender los efectos del acto, volver a tomar el control y la administración del puerto y permitir también el ingreso del personal de la Dirección Provincial de Puertos que quedó excluido”, sostuvo.
La Dirección Provincial de Puertos presentó otra acción judicial que continúa su trámite en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Sobre este proceso, Fossato explicó que “esa acción ya tiene una ampliación de fundamentos presentada y hoy está en la Cámara con intervención de la unidad fiscal, por lo que continúa su trámite en la instancia de alzada”.
Uno de los argumentos centrales del planteo judicial se vincula con la falta de antecedentes de una medida similar. En ese sentido, el funcionario señaló que “en el relevamiento de antecedentes que realizamos no encontramos casos en los que un órgano nacional haya intervenido un puerto provincial de esta manera”.
Según explicó, la provincia reconoce las facultades de control del Estado nacional sobre la actividad portuaria, pero considera que la intervención dispuesta excede ese marco. “Nosotros no desconocemos las facultades de fiscalización que tiene el órgano nacional, pero lo que cuestionamos es la desproporción de la acción que determina el acto administrativo”, afirmó.
En paralelo, la secretaria de Coordinación Legal, María Ángeles Arroyo, cuestionó los fundamentos de la medida al señalar que el funcionamiento del puerto no se modificó tras la intervención. En ese sentido, sostuvo que “esto es algo que toda la ciudadanía puede ver: intervinieron el puerto y al minuto siguiente el puerto siguió operando de la misma manera”.
Arroyo remarcó que este elemento fue incorporado en las presentaciones judiciales realizadas por la provincia. “Lo manifestamos en las demandas porque si la intervención se justificaba en supuestos problemas de seguridad o infraestructura, la realidad demuestra que el puerto continuó operando exactamente igual”, afirmó.
La funcionaria también cuestionó el condicionamiento establecido en la resolución nacional respecto de las acciones judiciales de la provincia. En ese sentido, indicó que “en el mismo acto administrativo se suspende la habilitación del puerto y luego se condiciona esa suspensión a que la provincia no realice acciones judiciales, lo cual también planteamos como una situación grave”.
Otro de los puntos que analiza el Gobierno provincial es el manejo de los recursos económicos generados por la actividad portuaria durante la intervención. Sobre este aspecto, Fossato explicó que “la actividad portuaria genera recursos propios que, según el convenio de transferencia, deben ser reinvertidos en el propio puerto”.
En ese sentido, advirtió que la intervención genera una situación administrativa compleja. “Hoy estamos en un gris porque la recaudación va a una cuenta nacional, pero el origen de esos recursos es provincial y será necesario analizar qué se hizo con esos fondos durante el tiempo que dure la intervención”, señaló.
El secretario Legal también afirmó que se encuentran evaluando otras herramientas jurídicas para ampliar la estrategia judicial. Entre ellas, mencionó la posibilidad de avanzar en acciones de responsabilidad contra los funcionarios que firmaron la resolución. “Se está analizando también la eventual responsabilidad de quienes suscribieron el acto administrativo, lo cual requiere un análisis detallado de la documentación”, explicó.
Finalmente, Fossato advirtió que el conflicto trasciende el caso de Ushuaia y puede tener implicancias institucionales más amplias. “Los puertos son motores de la economía regional y constituyen un eslabón clave para la actividad productiva. Por eso también es importante entender que lo que ocurre aquí puede generar un precedente institucional relevante”, concluyó.
