a presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Mariana Hruby, presentó el 11 de marzo un informe ante la Legislatura provincial en el que detalló las gestiones que el organismo lleva adelante para recuperar deudas por aportes y contribuciones al sistema de salud que mantienen distintos organismos públicos.
Según se indica en el documento, las acciones buscan regularizar acreencias que constituyen recursos específicos destinados al financiamiento de las prestaciones médico-asistenciales para los afiliados. En ese marco, la conducción de la obra social señaló que se intensificaron las gestiones administrativas y financieras orientadas a lograr la cancelación progresiva de obligaciones pendientes, mediante acuerdos que permitan recuperar los montos adeudados sin afectar la continuidad institucional de los organismos involucrados.
El informe también advierte que la acumulación de deudas por parte de distintos entes públicos alcanzó actualmente una magnitud superior a la registrada en los últimos años, situación que la institución vincula con restricciones presupuestarias que atraviesan municipios y organismos del sector público provincial.
En ese contexto, OSEF informó la firma de tres convenios de regularización de deuda que en conjunto alcanzan los 3.854.431.797,25 pesos.
Uno de los acuerdos fue suscripto con la Agencia de Innovación Fueguina el 15 de enero de 2026. En este caso, el organismo reconoció una deuda total de 64.142.457,32 pesos correspondiente a contribuciones devengadas durante agosto y septiembre de 2025. El monto incluye 50.409.042,25 pesos de capital y 13.733.415,07 pesos en concepto de intereses. El convenio establece la cancelación en nueve cuotas mensuales iguales de 7.764.968,98 pesos, bajo el sistema de amortización francés y con una tasa del 21 por ciento nominal anual. La primera cuota venció el 26 de enero y la última está prevista para el 15 de septiembre de este año.
Otro convenio fue firmado el 4 de marzo con el Concejo Deliberante de Tolhuin. En este caso se reconoció una deuda total de 228.646.569,10 pesos correspondiente al período comprendido entre marzo de 2025 y enero de 2026. Del total, 198.669.805,95 pesos corresponden a capital y 29.976.763,15 pesos a intereses por mora. El acuerdo prevé la cancelación en 18 cuotas mensuales consecutivas de 14.918.028,12 pesos, también con una tasa del 21 por ciento nominal anual. El primer vencimiento se fijó para el 25 de marzo de 2026 y el último para el 25 de agosto de 2027.
El tercer convenio fue suscripto el 10 de marzo con la Municipalidad de Río Grande. El acuerdo reconoce una deuda total de 3.561.642.770,83 pesos. De ese monto, 3.163.019.818,55 pesos corresponden a capital y 398.622.952,28 pesos a intereses calculados al momento de la firma. El plan establece la cancelación en 36 cuotas mensuales de 134.185.131,22 pesos con una tasa del 21 por ciento nominal anual. La primera cuota vencerá el 25 de marzo de este año y la última el 15 de febrero de 2029.
En relación con la situación de Río Grande, el informe también menciona que el municipio planteó la posibilidad de compensar la deuda con acreencias que sostiene tener frente a la obra social por prestaciones médicas realizadas en su sistema sanitario. Desde OSEF se indicó que esa alternativa fue considerada jurídicamente improcedente debido a que se trata de obligaciones de distinta naturaleza normativa.
Además de los acuerdos ya firmados, el documento señala que continúan las gestiones con el Gobierno de la Provincia para avanzar en un esquema de regularización de acreencias. En ese marco se mantuvieron comunicaciones institucionales con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, con el objetivo de analizar alternativas de cancelación compatibles con la situación presupuestaria vigente.
También se encuentran abiertas instancias de negociación con la Municipalidad de Tolhuin, que solicitó el análisis de distintos mecanismos para regularizar su deuda con la obra social mediante planes de pago.
Finalmente, el informe presentado por la presidenta de OSEF sostiene que la situación financiera de la institución no responde a un escenario de insolvencia, sino a un desequilibrio estructural del sistema de financiamiento sanitario. Según se detalla, informes técnicos y actuariales elaborados en los últimos años ya habían advertido un desfasaje entre los ingresos provenientes de aportes y contribuciones y el crecimiento sostenido del gasto en prestaciones médicas, situación que motivó la adopción de medidas legislativas orientadas a reforzar el financiamiento del sistema.
