a quiebra de la empresa Aires del Sur S.A. y el conflicto laboral que dejó a 140 trabajadores sin empleo reactivaron en Tierra del Fuego el debate sobre el futuro del entramado industrial y el impacto de las políticas económicas nacionales.
En ese contexto, un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone declarar de utilidad pública y expropiar la planta ubicada en Río Grande bajo el argumento de garantizar la continuidad productiva.
La iniciativa, impulsada por el legislador Raúl Von der Thusen, plantea que el Estado provincial intervenga para preservar la fábrica de equipos de climatización —que producía principalmente para las marcas Electra y Fedders— y evitar su desaparición. El proyecto contempla además la posibilidad de que la gestión quede en manos de los trabajadores, organizados bajo figuras como cooperativas.
Aun cuando el artículo 67 de la Constitución Provincial establece de manera taxativa que” toda ley que implique o autorice erogaciones deberá prever el recurso correspondiente”, la iniciativa Von Der Thusen no sólo no indica cómo el Estado provincial afrontará el financiamiento del proceso expropiatorio, sino que además fue presentado el mismo día en que el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, expuso un panorama preocupante de las finanzas públicas, con un déficit acumulado que asciende a 226.200 millones de pesos.
En los fundamentos se advierte sobre el deterioro económico de la empresa, que derivó en la paralización de la producción y el incumplimiento de salarios. Frente a la falta de respuestas, los trabajadores, nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ocuparon la planta para resguardar maquinaria y activos ante el riesgo de vaciamiento.
Sin embargo, el conflicto trasciende el caso puntual de la empresa y se inscribe en un escenario más amplio que afecta al régimen industrial fueguino. En los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó con medidas de apertura comercial que incluyeron la reducción de aranceles para la importación de productos electrónicos y de climatización, que en algunos casos llegaron al 0 por ciento, así como la eliminación de certificaciones obligatorias y controles de eficiencia energética.
Estas decisiones facilitaron el ingreso de equipos importados, principalmente desde Brasil y China, y generaron un aumento significativo en las importaciones. Según datos del sector, la demanda de electrodomésticos de climatización importados registró en septiembre de 2025 una suba cercana al 30 por ciento respecto del promedio anual, lo que impactó directamente en la producción local.
Desde distintos sectores industriales advierten que esta política profundiza la pérdida de competitividad de las fábricas radicadas en Tierra del Fuego, que enfrentan mayores costos logísticos y estructurales.
El proyecto de expropiación se apoya en la Ley Provincial 421, que habilita la intervención estatal cuando se trata de preservar el interés público. Entre los argumentos centrales se destaca la necesidad de sostener el empleo, evitar la caída de la actividad económica y resguardar una unidad productiva con más de una década de funcionamiento.
Además, se propone que el Ejecutivo provincial tome posesión inmediata de la planta para evitar su deterioro y garantice la continuidad de la producción, priorizando los puestos de trabajo.
