l Diario del Fin del Mundo formalizó un pedido de acceso a la información pública ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en el que solicita una amplia batería de datos vinculados a la gestión del Puerto de Ushuaia. La iniciativa se inscribe en el marco de la Ley 27.275 y responde a la falta de transparencia denunciada en torno al manejo de los fondos y la operatoria desde la intervención del puerto.
En ese sentido, la presentación exige, en primer lugar, conocer la nómina completa del personal contratado o designado desde el 1 de enero de 2026 por la Intervención. Además, se requiere detallar modalidad de contratación, funciones, dependencia jerárquica, remuneraciones y fechas de inicio de pago.
Asimismo, se solicita información sobre eventuales restricciones al ingreso y permanencia en el puerto de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, contratistas, proveedores y otros actores. En particular, se pide precisar si existen directivas u órdenes en ese sentido, su alcance y fundamento jurídico.
Por otra parte, el requerimiento incluye el listado de empresas autorizadas a operar en el puerto, con detalle de actividades, fechas de habilitación y plazos de vigencia. Este punto busca transparentar quiénes intervienen actualmente en la operatoria portuaria desde el inicio de la intervención federal.
En relación con los recursos económicos, el pedido exige un desglose completo de los ingresos percibidos desde el 1 de enero de 2026, discriminados por concepto, origen y fecha. A su vez, se reclaman los comprobantes emitidos —facturas, notas de crédito y débito— y los recibos correspondientes, incluyendo datos como destinatarios, montos y formas de pago.
Además, se requiere el estado de cuentas corrientes de los clientes, el detalle de servicios pendientes de facturación y la identificación de comprobantes aún no cancelados. Todo ello apunta a reconstruir el circuito de facturación y cobro dentro del puerto.
En cuanto a las erogaciones, la presentación solicita información exhaustiva sobre pagos, contrataciones y gastos realizados con fondos provenientes de la cuenta informada a los operadores portuarios. También se pide conocer los saldos y movimientos bancarios al 31 de enero y al 24 de marzo brero de 2026, así como los movimientos de la cuenta radicada en el Banco Nación a nombre de la Administración General de Puertos.
De igual modo, se exige el detalle de los gastos operativos necesarios para el funcionamiento del puerto —como servicios, mantenimiento, seguridad y logística— con indicación de proveedores, montos y fechas.
En otro tramo, el pedido avanza sobre aspectos operativos y de seguridad. Se solicita el registro de movimientos de embarcaciones (arribos y partidas) desde el 21 de enero de 2026, junto con el detalle de incidentes ocurridos en las instalaciones y sus correspondientes actuaciones ante Prefectura Naval.
Asimismo, se pide información sobre la articulación institucional tras la intervención del puerto, en particular respecto de la convivencia con competencias provinciales y la eventual afectación a terceros.
Finalmente, la solicitud hace foco en las certificaciones y condiciones de seguridad vigentes. Se requiere acreditar el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), incluyendo planes de protección, contingencia ante derrames, certificaciones de amarre y la actuación de personal especializado. También se consulta sobre auditorías realizadas por Prefectura y posibles observaciones o limitaciones operativas vigentes.
Frente a la falta de información por parte de la ANPyN, el pedido busca reconstruir de forma integral el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del Puerto de Ushuaia en los últimos meses. En consecuencia, la respuesta de la Intervención será clave para determinar el grado de transparencia en la gestión ya que se están desviando fondos provinciales a cuentas del Estado Nacional sin que existan procedimiento de control ni de rendición de cuentas.
