uan Pablo Deluca, especialista en economía política y titular de Río Grande Activa, defendió el modelo fueguino y apuntó directamente contra el enfoque del Gobierno nacional. “Nuestra promoción tiene una doble función: por un lado incentiva la actividad económica y por otro tiene un mandato de construir una provincia”, explicó. Sin embargo, advirtió que las decisiones actuales y los análisis que las respaldan ignoran variables centrales. “Hay un gran problema cuando no se incorpora la geopolítica o la geografía”, sostuvo.
Asimismo, el economista cuestionó que las críticas al régimen —muchas de ellas retomadas por la gestión nacional— no son nuevas, pero sí parciales y reiterativas. “Se ha tratado de quitar a la política ya la geografía del análisis económico y llevar a una cuestión meramente matemática”, señaló, en alusión a informes internacionales que, según indicó, terminarán siendo funcionales a decisiones del Ejecutivo.
En esa línea, remarcó que el régimen fueguino no puede evaluarse con criterios tradicionales de exportación, ya que su objetivo es generar actividad económica, arraigo y presencia territorial. No obstante, advirtió que las políticas nacionales actuales avanzan en sentido contrario, debilitando esa lógica sin ofrecer alternativas de desarrollo.
Ahora bien, uno de los puntos más críticos de su análisis estuvo centrado en el manejo del FAMP, donde apuntó directamente a la Nación. “Estamos hablando de fondos entre 200 y 250 millones de dólares, pero con un nivel de ejecución muy bajo para lo que necesitamos”, sostuvo. En ese marco, alertó que la falta de uso de estos recursos resulta particularmente grave en medio de una crisis laboral creciente. También hizo hincapié en la manipulación discrecional por parte de la Administración Milei y el uso irregular de los intereses que generan los fondos producidos por los fondos que están casi inmovilizados.
De hecho, Deluca denunció cambios en la normativa que, según explicó, benefician al Gobierno nacional en detrimento de la provincia. “Se modificó para que los intereses del fondo se los quede la Nación, lo que genera un incentivo a no ejecutarlo”, afirmó. Así, vinculó directamente la subejecución del FAMP con decisiones políticas que priorizan la administración central por sobre las necesidades productivas y sociales de Tierra del Fuego.
En paralelo, subrayó que esos recursos deberían estar orientados a contener la crisis. “Los despidos se suman todas las semanas y esos fondos tendrían que estar llegando a los trabajadores”, remarcó. En ese sentido, propuso utilizarlos para formación laboral y reconversión productiva, aunque advirtió que hoy no existe una decisión política en esa dirección.
Para ejemplificar el uso discrecional, detalló que la gran mayoría de los recursos del FAMP se generaron por el aporte de empresas ubicadas en Río Grande, pero que, sin embargo, los desembolsos se están produciendo en Ushuaia, incluso construyendo nuevos hoteles con recursos del Fondo en una ciudad que ya tiene mucha hotelería.
Por esto mismo, como consecuencia de este escenario de políticas nacionales, los indicadores económicos reflejan un deterioro sostenido. Deluca señaló que el empleo industrial cayó de 12 mil a unos 7 mil puestos, mientras que la tendencia continúa en baja. A su vez, explicó que la crisis impacta en cadena sobre la recaudación, el consumo y el turismo, con una caída del 20% en el turismo nacional en Ushuaia.
Por otro lado, el economista también cuestionó la falta de reacción política frente a estas decisiones del Gobierno nacional. “Me llama la atención que se capaz de golpear puertas en tercera persona. ¿Cuál es el rol de los diputados nacionales libertarios?”, planteó, al tiempo que criticó que muchos representantes priorizaban la agenda nacional por sobre las necesidades locales.
Finalmente, Deluca advirtió que el debate sobre el régimen fueguino no puede limitarse a una discusión de costos fiscales, especialmente cuando las decisiones de la Nación inciden directamente en su funcionamiento y en el uso de sus herramientas. “Cuando uno mira lo que hacen otros países en territorios similares, queda claro que son decisiones geopolíticas”, concluyó, y planteó que el desafío es sostener una política que combina producción, empleo y soberanía, algo que —según afirmó— hoy no está garantizado por el rumbo del Gobierno nacional.
