a ex gobernadora Fabiana Ríós analizó el proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y refirió que la convocatoria resulta necesaria aunque explicó que el proceso se da en medio de cuestionamientos por su oportunidad, la falta de discusión pública previa y el contexto social en el que se impulsa. También recordó que las reformas estatuyentes en Ushuaia y Río Grande también se habían producido en momentos de suma inestabilidad política y económica, y que en todos los casos se provocaron con el objetivo de fondo de habilitar las reelecciones de los intendentes. De igual manera, Ríos planteó una mirada crítica que combina la necesidad de revisar el funcionamiento institucional con advertencias sobre las condiciones en las que se está desarrollando el proceso y los riesgos que implica avanzar sin un debate amplio.
Seguidamente, la exgobernadora marcó con claridad esa doble condición. “No tengo duda de que merece la situación institucional de Tierra del Fuego una revisión”, afirmó, aunque advirtió que “tengo dudas respecto de la oportunidad y la baja discusión pública que precedió al dictado de una norma de semejante envergadura”. En esa línea, insistió en que una reforma de estas características requiere niveles de participación y deliberación que deben estar presentes.
A su vez, mostró preocupación por el contexto económico actual y la coyuntura en donde se realizará la Convención Constituyente. “Esto sucede en una circunstancia social donde la mayor parte del pueblo está preocupada en la subsistencia”, indicó, al anunciar que las condiciones materiales también inciden en la calidad democrática. “El ejercicio de ciudadanía responsable es un trabajo que exige esfuerzo, tiempo, dedicación y reflexión, y en este momento no estaban dadas esas condiciones”, agregó.
A pesar de esos cuestionamientos, Ríos sostuvo que la reforma es necesaria y que debe encararse como una oportunidad para revisar el funcionamiento institucional de la provincia a lo largo del tiempo. “Desde la sanción de la Constitución para acá pasaron hechos relevantes como la modificación de la Constitución Nacional, del Código Civil y el propio recorrido institucional de la provincia”, explicó, y demostró que ese proceso obliga a una evaluación crítica del sistema. “Debe mirarse críticamente qué cosas fueron como se pensaron y qué cosas no, y en cualquier caso darnos la oportunidad de discutirlas”, afirmó.
En ese marco, detalló una serie de aspectos que consideran prioritarios abordar en la eventual reforma que deberá convocarse durante el próximo mayo. “Es imprescindible actualizar todo lo que tiene que ver con información pública a los cánones actuales”, sostuvo, y agregó que también es necesario revisar organismos clave del sistema institucional. “El Consejo de la Magistratura sin duda, los cargos vitalicios en los organismos de control como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía del Estado”, enumeró, al plantear la necesidad de limitar estructuras que, a su entender, afectan la transparencia.
Asimismo, planteó la necesidad de simplificar el sistema electoral y ordenar su funcionamiento. “Me parece muy importante revisar el régimen electoral y hacerlo más sencillo para ciudadanos y ciudadanas”, señaló, en referencia a un esquema que hoy presenta diferencias entre ciudades y genera complejidades en la participación.
Uno de los ejes más contundentes de su postura estuvo vinculado a las reelecciones. “No coincide con las reelecciones indefinidas en ninguno de los poderes del Estado ni en ninguna institución de la vida pública”, afirmó, y explicó que “cuando el poder sucede durante demasiado tiempo terminamos creyendo que somos los cargos”, lo que, a su entender, debilita la calidad institucional y limita la renovación política.
Sin embargo, la exgobernadora insistió en que el principal problema no es técnico sino político. “La oportunidad está muy condicionada”, señaló, y advirtió que el resultado final dependerá del contexto en el que se desarrolle el proceso. “El sentido de la reforma dependerá del clima de época y de cómo se conforme la convención constituyente”, explicó, al remarcar que no se trata solo de qué se reforma, sino de quién y en qué condiciones lo hace.
En ese punto, expresó su principal preocupación. “Mi mayor preocupación es el clima de época”, afirmó, y detalló que la reforma incluye temas estructurales que hoy están atravesados por debates nacionales complejos. “Se abordan cuestiones como salud, derechos de los trabajadores y medio ambiente en el medio de una lógica política extractivista que va logrando consensos”, señaló, lo que —según advirtió— puede condicionar el contenido final de la Constitución.
No obstante, reconoció que el proceso también abre una oportunidad relevante. “Es la oportunidad de reflotar cuestiones que debían haber discutido hace décadas y que lamentablemente no se pudo discutir”, sostuvo, aunque insistió en que esa posibilidad solo será efectiva si existe una participación real y un debate profundo.
Por otra parte, objetó el proyecto de Ley que pretende derogar la convocatoria a la reforma parcial de la Constitución, ya que el proceso ya se encuentra en marcha. De igual manera, se expresó en contra del fallo que postergó sin plazos las elecciones constituyentes por casi un año, ya que el Poder Judicial interfirió sin fundamentos en el procedimiento del llamado a elecciones que ya habían sido convocadas por la Justicia Electoral.
En otro tramo de la entrevista, Ríos también se refirió al rol del Poder Judicial en la dinámica institucional reciente y planteó una mirada crítica sobre su intervención en cuestiones políticas. “Los jueces en esta provincia han reformado la Constitución a fuerza de fallos”, afirmó, y demostró que esto configura una “reforma de facto” en determinados aspectos del sistema institucional.
En ese sentido, ejemplificó con situaciones concretas que, a su entender, evidencian distorsiones. “Ya no es solo que la Constitución se modificó a fuerza de fallos, sino que un funcionario público (el ex legislador Manuel Raimbault) por haberla cumplido se le ha impuesto una sanción económica”, señaló, al advertir sobre la gravedad de ese tipo de precedentes.
También cuestionó la judicialización del proceso electoral vinculado a la reforma. “Cuando está lanzado un proceso electoral, se tiende a sostener su continuidad”, explicó, aunque reconoció que la suspensión generó un escenario de incertidumbre. “Esa incertidumbre también da cuenta de la falta de discusión previa y de las imposiciones al momento de la sanción de una ley de esta magnitud”, sostuvo.
Finalmente, la exgobernadora confirmó que evalúa participar del proceso si avanza la reforma. “Claro que me interesaría, es un proceso de una magnitud y de un desafío que en lo personal y en lo político me parece muy convocante”, afirmó, y dejó abierta la posibilidad de ser candidata a convencional constituyente en caso de contar con el respaldo de su espacio y del electorado.
