a falta de una estrategia jurídica unificada, la ausencia de intervención de la Fiscalía de Estado en una etapa inicial y el avance de acciones por separado entre los distintos actores configuran, según el legislador Raúl Von Der Thusen, un escenario que debilitó la defensa de la provincia en el conflicto por el puerto de Ushuaia.
El legislador provincial por Somos Fueguinos apuntó directamente a ese punto y sostuvo que el organismo encargado de defender los intereses del Estado debió haber actuado desde el inicio. “El Fiscal de Estado debiera haber actuado de oficio. La Constitución y la ley establecen que tiene la responsabilidad de cuidar los intereses de la provincia no sólo por pedido de parte”, afirmó, al remarcar que la intervención no dependía exclusivamente de una convocatoria del Ejecutivo.
En ese sentido, explicó que la normativa vigente no sólo habilita sino que obliga a la Fiscalía a intervenir en situaciones de este tipo. “Si el gobernador o la Dirección de Puertos no lo convocaban, la Fiscalía igual podía actuar de oficio”, sostuvo, y agregó que la excusación del titular del organismo no impedía esa posibilidad. “Hay un sistema de subrogancia dentro de la Fiscalía que permite que otros abogados intervengan”, indicó, al señalar que existían herramientas legales para evitar la inacción.
A partir de esa ausencia, Von Der Thusen planteó un problema más amplio en el abordaje del conflicto. “Todos tienen el mismo objetivo, pero cada uno va por su lado, y eso es un error”, advirtió, en referencia a las acciones impulsadas por el Ejecutivo, la Dirección de Puertos, la Fiscalía y los trabajadores. “Desde el día uno se debería haber ido con una sola estrategia”, sostuvo, al considerar que la fragmentación termina debilitando cualquier planteo jurídico.
El legislador remarcó que actualmente conviven distintas líneas de acción que avanzan en paralelo. Por un lado, el Gobierno provincial llevó el reclamo a la Corte Suprema en instancia de apelación. Por otro, los trabajadores cuentan con representación legal propia y evalúan presentaciones. “Cuando todos van por separado, aunque tengan los mismos fundamentos, eso es un error estratégico jurídico”, insistió.
En ese marco, advirtió que el problema no es sólo formal, sino que puede tener consecuencias concretas en el resultado del conflicto. “Si todos vamos con planteos distintos, aunque busquemos lo mismo, eso debilita la posición general”, explicó.
Von Der Thusen también se refirió al origen del conflicto y cuestionó el accionar del Estado nacional sobre el puerto. Según planteó, la intervención no respetó los mecanismos constitucionales correspondientes.
“No creo que esa agencia tenga facultades constitucionales para llevar adelante una intervención como la que se hizo”, sostuvo, y explicó que, en su visión, una medida de este tipo debía seguir otro procedimiento institucional. “Para intervenir un organismo provincial tiene que pasar por el Congreso, porque estamos hablando de una provincia autónoma”, afirmó.
El legislador remarcó que ese punto es central en la discusión judicial que actualmente se desarrolla. “El planteo que está en la Corte tiene que ver con que no se cumplieron las condiciones que exige la Constitución para una intervención”, indicó.
Además, cuestionó la forma en que se ejecutó la medida. “Fue una intervención de sorpresa, un 31 de enero a la noche, donde ingresó Prefectura, desalojaron y tomaron posesión”, relató, al señalar que ese procedimiento refuerza los cuestionamientos sobre su legalidad. Si bien evitó encuadrar la situación en términos penales, fue categórico en su definición. “No sé si es un delito, pero claramente es una situación inconstitucional”, afirmó.
Más allá del plano institucional y jurídico, Von Der Thusen puso el foco en las consecuencias concretas del conflicto, particularmente sobre los trabajadores: “Hay más de 80 familias que dependen de la Dirección Provincial de Puertos y que han quedado fuera de toda esta estructura de trabajo”, señaló, y advirtió que la situación podría agravarse en el corto plazo si no se resuelve el conflicto.
El legislador explicó que la intervención modificó el esquema de ingresos del organismo. “Hoy los recursos van a una cuenta que no es la de la Dirección de Puertos ni la del Gobierno”, indicó, y aclaró que los fondos con los que actualmente se sostienen los salarios corresponden a recaudación previa: “Lo que tiene hoy la Dirección de Puertos es lo que ha recaudado todo este tiempo para atrás. Con eso se están pagando los salarios”, explicó. Sin embargo, advirtió que ese esquema tiene un límite claro. “Cuando esos recursos se acaben, no va a haber forma de poder hacer frente a los salarios de los trabajadores”, afirmó.
En ese contexto, planteó la urgencia de encontrar una solución. “Estamos contra reloj para ver de qué manera se puede resolver”, sostuvo.
