n el marco de una agenda legislativa atravesada por múltiples discusiones de alto impacto, Federico Sciurano volvió a fijar posición sobre tres ejes centrales: la reforma constitucional, la ampliación del ejido urbano y la intervención del puerto de Ushuaia. Sin embargo, y más allá del contexto institucional, el legislador hizo especial hincapié en su rechazo a la expansión territorial de la ciudad, al advertir sobre sus consecuencias de mediano y largo plazo.
En primer lugar, Sciurano explicó que el debate por la derogación de la convocatoria a la reforma constitucional no puede desligarse del escenario actual. En efecto, remarcó que existe un cronograma electoral vigente que limita cualquier intento de retrotraer la situación. Según detalló, ese proceso fue activado por la ley sancionada en 2023, suspendido luego por una intervención judicial y posteriormente restituido con plazos actualizados, por lo que hoy “tiene plena vigencia”. En consecuencia, subrayó que no se trata de una interpretación política sino de un hecho concreto que condiciona las decisiones.
Ahora bien, más allá de esa discusión institucional, el legislador puso el eje en la iniciativa para ampliar el ejido urbano de Ushuaia, frente a la cual planteó objeciones de fondo. En ese sentido, advirtió que el proyecto implica “multiplicar por diez la superficie de la ciudad”, una definición que, a su entender, no puede tomarse como respuesta inmediata a la demanda habitacional. Por el contrario, sostuvo que requiere un análisis profundo y sostenido en el tiempo.
Asimismo, Sciurano vinculó su postura con la planificación histórica de la ciudad. De hecho, recordó la existencia de un plan estratégico elaborado con participación de vecinos, organizaciones e instituciones, el cual —según remarcó— fue validado en distintas etapas. A partir de allí, insistió en que ese documento establece con claridad que Ushuaia debe crecer mediante la densificación y no a través de la expansión territorial. En otras palabras, consideró que avanzar en sentido contrario implicaría desconocer años de trabajo técnico y consensos previos.
En la misma línea, cuestionó el diagnóstico que sostiene la necesidad de ampliar el ejido. Por un lado, señaló que la ciudad tiene capacidad para albergar hasta 130 mil habitantes, mientras que actualmente cuenta con menos de 90 mil. Por otro, enfatizó que el problema no es la disponibilidad de tierra sino la capacidad de inversión para dotarla de servicios básicos. De este modo, planteó que extender los límites urbanos sin resolver esas limitaciones estructurales solo agravaría la situación existente.
A su vez, el legislador alertó sobre las expectativas que genera este tipo de iniciativas. En efecto, consideró que prometer soluciones habitacionales en el corto o mediano plazo a partir de la ampliación del ejido resulta poco realista. En consecuencia, advirtió que se corre el riesgo de transmitir a la población una expectativa que no podrá cumplirse en esos tiempos, lo que podría derivar en mayor frustración social.
En paralelo, vinculó esta discusión con las problemáticas actuales de la ciudad. Por ejemplo, mencionó las dificultades para extender servicios, los conflictos en distintos sectores y la persistencia de la venta ilegal de tierras. En este contexto, sostuvo que avanzar en una expansión territorial sin resolver previamente estos problemas podría profundizar los desequilibrios urbanos existentes, en lugar de solucionarlos.
Por otra parte, Sciurano incorporó el componente institucional al debate sobre el ejido. En particular, recordó que la Carta Orgánica establece la obligatoriedad de realizar un referéndum vinculante antes de avanzar con una medida de estas características. Por lo tanto, remarcó que no se trata de una consulta opcional, sino de una instancia en la que la ciudadanía debe votar y cuyo resultado debe ser respetado. En consecuencia, consideró que ese paso debería cumplirse previamente a cualquier tratamiento legislativo.
En cuanto a los intentos por derogar la convocatoria a la Convención Constituyente, Sciurano sostuvo que el proceso ya está se encuentra en marcha y que solo resta esperar los resultados de la expresión popular hacía quienes resulten electos convencionales constituyentes.
Finalmente, aunque también se refirió al conflicto por la intervención del puerto —señalando que un informe de Prefectura debilita uno de sus fundamentos principales—, el legislador dejó en claro que la discusión sobre el ejido urbano constituye, a su entender, uno de los puntos más sensibles de la agenda actual.
