l ministro de Educación participó este martes de la Comisión N°4 de Educación de la Legislatura provincial, en Río Grande, donde se analizaron distintos proyectos vinculados al sistema educativo. En ese ámbito, el funcionario pidió que se incorpore al debate el proyecto de ley de financiamiento educativo y de salud impulsado por el Ejecutivo.
“Solicité a la Comisión de Educación que podamos ser convocados —junto a Economía y Salud— para explicar cuál es la necesidad que tenemos y de qué manera podrían ingresar mayores recursos”, señaló López Silva.
El proyecto forma parte del paquete de leyes presentado por el Ejecutivo en marzo y apunta a definir el origen y la distribución de nuevos recursos. De acuerdo a lo planteado, el 60% se destinaría al área educativa y el 40% al sistema de salud.
López Silva remarcó que la iniciativa no se limita a lo salarial, sino que contempla también infraestructura y otros aspectos vinculados al funcionamiento del sistema. En ese sentido, mencionó la necesidad de fortalecer herramientas como la provisión de materiales didácticos y condiciones integrales para los estudiantes.
El ministro consideró que el tratamiento del proyecto es clave para la provincia, al señalar que permitiría “un horizonte distinto” en la planificación de políticas públicas. “Nos va a permitir fortalecer servicios esenciales que el Estado debe garantizar a las familias fueguinas”, concluyó.
El proyecto de régimen de financiamiento integral del sistema educativo y de salud pública propone destinar progresivamente hasta el 13% del Producto Bruto Geográfico a ambos sectores, con una distribución del 60% para educación y 40% para salud, y fija criterios de equidad, infraestructura y mejora salarial.
El texto plantea un esquema de crecimiento gradual, que comenzaría con un 7,5% del PBG en el primer año hasta alcanzar la meta final. No obstante, incorpora una cláusula que suspende el avance del cronograma en contextos de caída económica o disminución de recursos, con el objetivo de preservar la sostenibilidad fiscal.
Entre los principales ejes del proyecto se destacan la reducción de desigualdades territoriales, la garantía de acceso universal a servicios educativos y sanitarios, la incorporación de tecnología y la evaluación de resultados mediante indicadores de desempeño.
En materia salarial, la propuesta fija como objetivo que tanto el salario docente como el del personal de salud tiendan a equipararse progresivamente con el valor de la Canasta Básica Total, tomando como referencia los datos del INDEC. Además, establece que la planificación de la planta docente deberá ajustarse a la matrícula real y proyectada.
El proyecto también obliga a destinar al menos el 20% de los recursos de cada sector a infraestructura, incluyendo construcción, mantenimiento y ampliación de establecimientos, con foco en reducir brechas y mejorar la capacidad de atención.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, la iniciativa contempla la posibilidad de utilizar parte de nuevos ingresos derivados de cambios impositivos, utilidades de empresas estatales y el desarrollo de actividades estratégicas como el hidrógeno verde, además de recursos generales.
