l Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) permanece sin ejecución en Tierra del Fuego en un escenario atravesado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de empleo y el deterioro del consumo. La falta de implementación de una herramienta creada para sostener y diversificar la producción vuelve a poner en discusión el manejo de los recursos y el rol del Estado nacional en la definición de políticas productivas para la provincia.
En ese contexto, el economista Juan Pablo Deluca planteó que el problema no es la disponibilidad de fondos sino el esquema de control y toma de decisiones. “El FAMP no se está ejecutando porque las decisiones pasan por un escritorio en Buenos Aires”, afirmó, y remarcó que los recursos existen pero no se aplican en el territorio. “Se generó, tiene la guita y no se está ejecutando”, insistió, al describir una herramienta paralizada en un momento donde, según su diagnóstico, debería estar cumpliendo un rol activo.
Deluca explicó que el fondo surge como respuesta a una deuda estructural del régimen de promoción industrial. “Es una herramienta que se pensó viendo toda la historia de nuestra promoción, que era larga”, sostuvo, y cuestionó que durante décadas el crecimiento productivo no haya estado acompañado por inversión territorial ni por mecanismos de compensación. “Las empresas nunca pusieron un mango para acompañar el crecimiento de las ciudades cuando viene la mano de obra o para ayudar a los trabajadores cuando se cae”, agregó, al señalar el origen del instrumento.
Ese diagnóstico, según indicó, es clave para entender el presente. El FAMP fue concebido como una herramienta para corregir ese desbalance, pero su administración centralizada lo aleja de ese objetivo. “Sigue indicaciones del gobierno nacional en términos financieros y no del conjunto del arco político y social de Tierra del Fuego”, afirmó, y planteó que las decisiones no responden a la realidad productiva local ni a las necesidades concretas de la provincia.
El impacto de esa lógica, sostuvo, es directo en el contexto actual. “Si dependiese de Tierra del Fuego, las decisiones del FAMP ya estarían en las calles”, señaló, y detalló que esos recursos deberían estar orientados “a los trabajadores que están perdiendo el trabajo, a proyectos vinculados al Atlántico Sur, la Antártida o la producción de alimentos”. En ese sentido, remarcó que la falta de ejecución no es un dato administrativo, sino un factor que agrava la situación económica.
El planteo se da en paralelo a un proceso de deterioro de la actividad industrial que Deluca describió como profundo y sostenido. “En los últimos tres años se han perdido alrededor de la mitad de los puestos industriales directos”, afirmó, y detalló que se pasó de unos 12.000 empleos a cerca de 6.400. “Por cada puesto directo hay otro indirecto”, agregó, al dimensionar el impacto sobre el conjunto del entramado económico.
Ese retroceso, explicó, no responde a una situación aislada. “Tenemos dos años de caída sostenida de la actividad industrial, algo que no pasaba hace 20 años”, sostuvo, y vinculó ese comportamiento con el modelo económico nacional. “Hay un modelo que privilegia actividades basadas en recursos naturales, minería, energía y finanzas, en desmedro de la industria”, afirmó, y advirtió que ese esquema genera un crecimiento desequilibrado.
En esa línea, planteó que la dinámica económica actual produce expansión en algunos sectores mientras profundiza la caída en otros. “Cuando crece la actividad económica, crece de forma dispersa: crecen esas actividades, pero cae la industria”, explicó, y remarcó que ese comportamiento impacta de lleno en provincias con perfil industrial como Tierra del Fuego.
El economista también puso el foco en el consumo como variable central del modelo. “Es parte central del modelo”, sostuvo, en referencia a la caída del poder adquisitivo, y explicó que esa contracción afecta directamente la demanda. “El problema principal es la venta, y hoy no hay demanda”, afirmó, al describir el escenario que enfrentan tanto empresas como emprendimientos.
Ese deterioro se traduce en cambios concretos en los hábitos de consumo. “La gente deja de mirar calidad y mira precio”, señaló, y vinculó esa tendencia con la pérdida de ingresos y la presión de productos importados. “Aumentó un 300% la importación de pollo”, ejemplificó, al mostrar cómo incluso en mercados básicos se desplaza la producción local por precios más bajos.
Deluca advirtió que este proceso tiene efectos directos sobre la estructura productiva. “Hay una proliferación de emprendimientos con vida muy corta y un alto nivel de mortandad”, afirmó, y explicó que muchos proyectos no logran sostenerse en un contexto de baja demanda. “Se invierte y después no se logra vender lo que se genera”, agregó, al describir una economía con alta fragilidad.
En paralelo, señaló que los procesos recesivos tienden a concentrar el mercado. “Hay grandes empresas que se benefician acortando los jugadores en la plaza”, sostuvo, y explicó que en ese escenario “se paran con espalda y dejan que los otros se caigan”, consolidando posiciones dominantes mientras desaparecen actores más pequeños.
Ese conjunto de factores impacta de manera particular en Tierra del Fuego. “Nosotros somos una provincia cuya actividad principal es la industria”, afirmó, y advirtió que el modelo actual golpea directamente esa base. “Si se cae la industria, se cae Río Grande”, señaló, al remarcar que en esa ciudad el sector representa cerca del 50% de la economía.
En ese contexto, la falta de ejecución del FAMP adquiere un carácter estratégico. El fondo, pensado para diversificar la matriz productiva y generar nuevas capacidades, permanece inactivo mientras se profundiza la crisis del sector que debería sostener y reconvertir.
Para Deluca, el problema excede al funcionamiento del fondo y remite a una discusión estructural. “Hay que refundar la relación entre Nación y provincias”, afirmó, y planteó que el esquema actual concentra decisiones clave fuera del territorio. “Esa discusión va a tener que ser no desde el centro a las provincias, sino de las provincias al centro”, sostuvo.
El caso del FAMP, según indicó, sintetiza ese desequilibrio. Un instrumento diseñado con lógica territorial, pero administrado bajo criterios centralizados que terminan bloqueando su ejecución en un momento crítico. “Para mí, sin duda, es un ejemplo concreto de lo que va a decir el futuro”, concluyó, al advertir que la discusión de fondo no es solo sobre un fondo específico, sino sobre quién define el destino de los recursos en la provincia.
