l reclamo del pago de honorarios profesionales por parte de un concejal abre un fuerte debate institucional, ya que el abogado y edil Valter Tavarone reclamó a principios de 2024 al propio Concejo Deliberante el pago de honorarios profesionales por su actuación como abogado en una causa judicial contra el cuerpo legislativo.
Según surge del escrito presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, el propio Tavarone —en su rol de letrado— solicitó que se ordene el pago de sus honorarios tras quedar firme la sentencia en el expediente “Garramuño, Juan Ricardo c/ Concejo Deliberante de Ushuaia s/ medida autosatisfactiva”. En ese marco, el documento plantea expresamente que se intime al pago correspondiente por su intervención profesional ya siendo uno de los 10 integrantes del Concejo capitalino.
En este sentido, la resolución administrativa del Concejo Deliberante confirma que los honorarios fueron regulados en 20 IUS, lo que equivale a $545.180, y que se estableció un plazo de cinco días para su cancelación mediante depósito bancario .
Asimismo, el propio cuerpo deliberativo avanzó con el trámite interno y aprobó el pago, autorizando la transferencia a la cuenta del abogado, que coincide con el actual concejal Tavarone. La medida fue formalizada mediante una resolución administrativa que dispone la erogación bajo la partida de “Servicios Técnicos y Profesionales” .
Sin embargo, el caso toma relevancia política debido a que quien reclama el pago no es un actor externo sino un integrante del propio Concejo que le ganó un juicio al legislativo municipal. La situación abre diversos interrogantes sobre posibles incompatibilidades o conflictos de interés, dado que Tavarone actúa simultáneamente como autoridad pública y como profesional que litiga contra el Estado municipal.
Por otro lado, el documento judicial presentado por el edil detalla incluso los datos bancarios para efectivizar el pago, lo que evidencia el avance del reclamo en instancia formal y su inminente ejecución.
En consecuencia, el episodio no solo tiene impacto administrativo, sino que también abre un debate político sobre la ética en el ejercicio de la función pública, especialmente cuando se superponen intereses personales con responsabilidades institucionales.
