l expediente avanzó, se analizó y finalmente se desinfló. El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar las presentaciones contra el juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Löffler, al concluir que no hay elementos suficientes —ni siquiera en un análisis preliminar— para abrir un proceso de enjuiciamiento.
Detrás de la decisión hay algo más que una votación. Hay una lectura política y jurídica de los hechos denunciados. El planteo, impulsado por el abogado Antonio César Petkos, buscó trazar un mapa de vínculos —personales, académicos y jurisdiccionales— que, según su hipótesis, comprometían la imparcialidad del magistrado. Sin embargo, el Consejo no encontró en ese entramado más que piezas inconexas.
Porque, por un lado, la mayoría del cuerpo entendió que las declaraciones públicas de actores políticos —incluida la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande— fueron consideradas eso: opiniones. Expresiones externas al expediente judicial. Sin capacidad, por sí solas, de configurar una falta disciplinaria. Y, por otro, la relación académica entre Löffler y el constitucionalista Alfonso Santiago fue leída como lo que es en el mundo universitario: una vinculación habitual, sin implicancias automáticas sobre la independencia de criterio.
Pero el punto más sensible estaba en otro lado. En una causa penal de alto voltaje institucional, vinculada al gobernador provincial, donde el denunciante sugirió demoras y posibles efectos políticos. Allí, el Consejo trazó un límite claro: el Superior Tribunal es un órgano colegiado. Es decir, no hay decisiones —ni tiempos— que puedan cargarse en la cuenta de un solo juez. Y, además, no se acreditaron daños concretos ni violaciones al plazo razonable.
Así, pieza por pieza, el caso perdió densidad. El análisis concluyó que no existe una secuencia de conductas que permita hablar de desvío de poder ni de mal desempeño. En términos técnicos: no hay causal para avanzar. En términos políticos: la denuncia no alcanzó a perforar el umbral mínimo.
La votación reflejó ese consenso, aunque no fue unánime. La mayoría se inclinó por el rechazo, mientras que el consejero Jorge Canals sostuvo una posición en disidencia y propuso continuar con el trámite. No alcanzó.
El resultado, en definitiva, cierra —al menos por ahora— un capítulo incómodo para el sistema judicial fueguino. Y deja una señal: no todo señalamiento, aun cuando combine política, academia y justicia, logra convertirse en causa.
