a decisión de la Legislatura de dejar sin efecto la convocatoria a la reforma constitucional abrió un nuevo escenario de tensión institucional, con cuestionamientos sobre la validez de retrotraer un proceso que ya atravesó instancias legislativas, judiciales y ejecutivas.
En ese marco, la exgobernadora Fabiana Ríos sostuvo que la medida implica un conflicto entre poderes con consecuencias directas en el funcionamiento institucional. “Estamos frente a un conflicto de poderes con consecuencias institucionales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos”, afirmó, al analizar el escenario generado tras la última sesión legislativa.
Ríos planteó que, más allá de las diferencias políticas, el proceso ya se encuentra en curso y no puede retroceder. “Es un proceso institucional complejo en el que intervienen todos los poderes del Estado. Ese proceso no puede volver para atrás, va hacia adelante. Puede tener demoras, interpretaciones, pero va hacia adelante”, sostuvo.
En esa línea, repasó las etapas ya cumplidas. “El Ejecutivo planteó la necesidad de la reforma, el Legislativo la votó, hubo una judicialización que se resolvió y el proceso volvió a ponerse en marcha. Incluso ya interviene la justicia electoral y hay una fecha fijada”, explicó.
A partir de ese recorrido, cuestionó la decisión de la Legislatura de intentar revertir el proceso. “Que en el medio de ese proceso ahora se diga ‘nos arrepentimos’ y que la reforma no suceda es un despropósito legal”, afirmó.
La exmandataria también se refirió al debate jurídico en torno a la medida y puso el foco en el peso de las opiniones técnicas. “Hay especialistas en derecho constitucional que han opinado sobre esto. Yo no me animaría a descalificar esas opiniones sin tener los mismos niveles de conocimiento”, señaló.
En el plano político, Ríos cuestionó el comportamiento de la mayoría legislativa y la falta de claridad en sus motivaciones. “El problema es que no se explicitan los objetivos de esta obstrucción. En un sistema democrático es válido el juego de mayorías y minorías, pero tienen que estar claras las razones”, planteó.
También relativizó uno de los ejes del debate político, vinculado a la reelección. “Se habla de la reelección, pero es uno de los artículos en discusión. ¿Qué pasa con los otros temas que forman parte de la reforma?”, indicó.
En ese sentido, enumeró algunos aspectos que podrían abordarse en una eventual convención constituyente. “Hay cuestiones como el número de legisladores, criterios presupuestarios para los poderes del Estado o la incorporación de nuevos derechos que podrían discutirse en ese ámbito”, sostuvo.
Ríos advirtió que la negativa a avanzar con la reforma implica desestimar la posibilidad de revisar el funcionamiento institucional. “Parece que se considera que no hay nada que modificar en la Constitución, ni en el acceso a la información, ni en la selección de jueces, ni en el funcionamiento de los organismos de control”, señaló.
La exgobernadora también vinculó el conflicto con el contexto social y económico. “Se dice que la preocupación es la crisis, pero en la misma sesión había vecinos reclamando por el costo del gas y no hubo una discusión sobre cómo resolver esos problemas concretos”, indicó.
En ese marco, cuestionó el orden de prioridades. “Hay una discusión entre poderes que desplaza la atención de los temas estructurales que afectan a la población”, afirmó.
Además, advirtió sobre las consecuencias institucionales de frenar el proceso. “Si no se avanza con la reforma, por ejemplo, el año próximo habría que convocar elecciones para ampliar la Legislatura, en medio de un contexto económico complejo”, explicó.
Para Ríos, el escenario actual refleja una desconexión entre la discusión política y las necesidades sociales. “Hay un sistema de prioridades que no se entiende. Se habla de la crisis, pero no se toman decisiones en función de resolverla”, planteó.
