encidos los plazos previstos por la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública, el Consejo de la Magistratura fueguino no remitió la documentación solicitada por la redacción del EDFM ni notificó formalmente el estado del trámite iniciado por este medio para acceder al expediente relacionado con el pedido de remoción del juez Ernesto Löffler.
La falta de respuesta a este medio se suma a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo encargado de la selección y remoción de magistrados en la provincia, especialmente por el carácter reservado que continúan teniendo sus actuaciones.
En contraste, la legislación nacional avanzó hacia criterios de mayor publicidad. La Ley 24.937, modificada por la Ley 26.080, establece que los expedientes vinculados a denuncias contra magistrados son públicos y que “todas las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario”.
Además, una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación recordó que “del debate en el Congreso de la Nación sobre la Ley 26.080 surge con claridad la decisión del legislador de disponer la publicidad de los expedientes en los cuales tramitan denuncias efectuadas contra magistrados”.
Mientras el esquema nacional consolida principios de transparencia y control ciudadano, la Ley Provincial Nº 8 mantiene las sesiones del Consejo bajo reserva, limitando el acceso público a actuaciones de evidente interés institucional.
Finalmente, el Consejo de reunirá hoy en horas de la tarde a los efectos de dar tratamiento a la Acordada del Superior Tribunal de Justicia que modificó el sistema de designación de magistrados judiciales.
