ras la decisión de la Legislatura de rechazar el veto a la derogación de la ley que declaraba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial, desde el Municipio de Ushuaia insistieron en que el debate institucional no responde a las prioridades actuales de la población y remarcaron que la situación económica exige enfocar los esfuerzos en resolver demandas sociales urgentes.
La jefa de Gabinete municipal, Yesica Garay, señaló que la postura del Ejecutivo local viene sosteniéndose desde el inicio de la discusión legislativa. “Todos los bloques opositores entendieron que no es momento de una reforma, que hay un contexto social, económico y financiero muy complejo, y que uno espera que la agenda de los ejecutivos sea la agenda de la comunidad”, afirmó.
Garay aclaró que el rechazo no implica descartar definitivamente una reforma constitucional, sino cuestionar el momento elegido para impulsarla. “No es que decimos no a la reforma por un capricho o por una cuestión partidaria. Lo que decimos es no ahora”, sostuvo, y agregó que “la necesidad de los vecinos hoy está puesta en otro lado”.
La funcionaria remarcó que el escenario nacional terminó impactando directamente en Tierra del Fuego y condicionando las prioridades de gestión. “Hoy tenemos un contexto muy complejo y es el momento que estamos viviendo. Los problemas de la comunidad son dinámicos y permanentemente aparecen nuevas demandas que requieren respuestas”, expresó.
En ese sentido, indicó que la discusión política debería concentrarse en herramientas vinculadas a servicios, asistencia y sostenimiento económico. “Tiene que haber una mirada puesta en cómo los ejecutivos resolvemos y abordamos las problemáticas que tiene nuestra comunidad”, señaló.
Garay recordó además que el Partido Justicialista históricamente acompañó procesos de reforma institucional, tanto a nivel nacional como provincial, pero insistió en que actualmente existen otras urgencias. “Claramente creemos que hay cuestiones para reformar, pero entendemos que hoy la vida cotidiana de nuestros vecinos está muy lejos de esa discusión”, afirmó.
Durante la entrevista también se refirió al conflicto por la coparticipación provincial, conocido públicamente como “ley de goteo”, y confirmó que el Municipio fue convocado a una mesa técnica con el Gobierno provincial. Según explicó, participarán representantes de las áreas de Economía y Legales de la Municipalidad.
“Nosotros veníamos solicitando una mesa técnica para discutir recursos, coparticipación y deuda. Finalmente fuimos convocados y vamos a asistir”, indicó.
La jefa de Gabinete aseguró que el reclamo administrativo por los fondos adeudados continúa vigente y detalló la magnitud de la deuda acumulada. “Tenemos más de 30 días de deuda de coparticipación y estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos. Son aproximadamente cuatro masas salariales”, precisó.
Garay remarcó además que esos recursos impactan directamente en la prestación de servicios y políticas públicas municipales. “Ese dinero no es de un Ejecutivo, es de toda la comunidad, porque se destina a servicios, programas y asistencia”, sostuvo.
Finalmente, consideró positivo que se haya abierto una instancia formal de diálogo entre Provincia y municipios y pidió avanzar en acuerdos. “La sociedad reclama que nos pongamos de acuerdo y solucionemos los problemas. No podemos estar permanentemente discutiendo política entre la política mientras la gente atraviesa dificultades”, concluyó.
