a legisladora provincial Myriam Martínez cuestionó con dureza la resolución de la Justicia Electoral que anuló el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes y advirtió que la decisión profundiza un conflicto institucional “muy marcado” entre los poderes del Estado.
“Nunca pensé que íbamos a encontrarnos en este punto, donde se planteara de esta manera un conflicto de poderes tan marcado, con una lucha por ver quién tiene la razón”, expresó la parlamentaria, al analizar el escenario abierto tras el fallo judicial.
Martínez sostuvo que tanto algunos sectores de la política como de la Justicia “no están cumpliendo el rol que les corresponde” y cuestionó los fundamentos centrales de la resolución. Según señaló, el eje del fallo estaría puesto en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, aunque remarcó que ese planteo “no tiene efecto suspensivo”.
“A priori hemos podido ver el fallo y entendemos que el eje principal está centrado en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, pero la jueza sabe perfectamente que ese recurso no tiene efecto suspensivo”, afirmó.
En ese sentido, la legisladora recordó que incluso el Fiscal Mayor había recomendado avanzar con el cronograma electoral. “Cuando la jueza le consulta, el fiscal le dice claramente: ‘avance con el cronograma electoral’. No le pidió sugerencias políticas, le marcó cuál era el procedimiento correspondiente”, señaló.
La parlamentaria confirmó que el oficialismo continuará defendiendo la validez del proceso de reforma constitucional y anticipó que el conflicto tendrá nuevas instancias judiciales. “Nosotros entendemos que el proceso sigue vigente. Esto recién empieza y seguramente habrá nuevas instancias judiciales”, remarcó.
Martínez también defendió el acuerdo político alcanzado durante la composición anterior de la Legislatura, que había permitido avanzar con la reforma de la Constitución Provincial. En ese marco, cuestionó a quienes —según sostuvo— cambiaron de postura una vez iniciado el proceso.
“Los consensos se construyen, pero los acuerdos se respetan. La palabra se respeta cuando llega el momento oportuno”, sostuvo la legisladora, al reivindicar la validez política e institucional del camino iniciado.
Finalmente, planteó que detrás de las resistencias a la reforma existen intereses vinculados a la preservación de privilegios y estructuras de poder. “Hay sectores que claramente no quieren avanzar con la reforma. Nosotros entendemos que es fundamental discutir artículos que permitan terminar con estos conflictos permanentes entre poderes”, afirmó.
Para Martínez, la discusión constitucional no sólo sigue abierta, sino que resulta necesaria para ordenar el funcionamiento institucional de la provincia y evitar que los desacuerdos entre poderes continúen condicionando la vida democrática.
