a condena a cinco años de prisión efectiva dictada contra Carlos Córdoba y Miguel Arana por 22 hechos de estafa vinculados a un programa habitacional destinado a afiliados de ATE generó repercusiones dentro del gremio y volvió a colocar el caso en el centro de la agenda pública provincial.
Tras conocerse el fallo y antes de ser trasladado a una unidad de detención, el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, cuestionó la decisión judicial, negó haber cometido delitos y sostuvo que la causa responde a intereses políticos.
El dirigente aseguró que durante su trayectoria sindical trabajó para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores estatales y consideró que el proceso judicial desconoce ese recorrido. “Yo la verdad no tengo nada que ver. Estoy muy tranquilo por todo lo que hice y por todo el trabajo que realizamos para que los compañeros tengan convenio colectivo, salarios dignos y acceso a una vivienda”, afirmó.
La sentencia puso fin al juicio oral por las maniobras investigadas en torno a la adjudicación de viviendas sociales destinadas a afiliados del gremio estatal. De acuerdo con la acusación, existieron cobros irregulares y promesas de acceso a soluciones habitacionales que finalmente no se concretaron.
Durante sus declaraciones, Córdoba vinculó la condena con sectores de poder político y cuestionó el accionar de la Justicia. “El poder hace esto. Meter preso o señalar a otros por lo que está pasando. La Justicia tiene que resolver si está del lado de quien corresponde o del lado del poder”, sostuvo.
En paralelo, el Consejo Directivo Provincial de ATE difundió un pronunciamiento en el que expresó respaldo al dirigente sindical y remarcó que la sentencia aún no se encuentra firme, por lo que podrá ser revisada por instancias superiores.
La conducción gremial también manifestó preocupación por las consecuencias que la situación pueda generar sobre la integridad física, moral e institucional de Córdoba.
Por su parte, el dirigente insistió en que continuará defendiendo su posición durante las próximas etapas del proceso judicial y agradeció el acompañamiento recibido por parte de su familia y de distintos sectores del sindicato. “Hay que seguir luchando. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir dando todo para obtener los beneficios que necesitan los trabajadores”, expresó.
La condena dictada contra Córdoba y Arana constituye uno de los fallos de mayor impacto político y sindical de los últimos años en Tierra del Fuego. La causa continuará su recorrido judicial a partir de las apelaciones que impulsen las defensas de los condenados.
