l Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego concretaron ayer una mesa de diálogo institucional en la sede del máximo órgano judicial provincial, en el marco del intercambio abierto por la designación de la doctora María Elena Guerrero como jueza de Familia y Minoridad Nº 1 del Distrito Judicial Sur.
Tras el encuentro, el Consejo resolvió abocarse a satisfacer la pretensión del Superior Tribunal y avanzar en la ampliación de los fundamentos de la Acordada Nº 674, por la cual había concluido elevar la designación de Guerrero para cubrir ese cargo judicial. La redacción del documento correspondiente quedó a cargo de la Secretaría del organismo.
La reunión formó parte de una instancia de coordinación entre ambos cuerpos, en la que se abordaron temas vinculados al funcionamiento del sistema de justicia, la calidad institucional, la transparencia y la eficiencia de los procesos de selección y designación de magistrados y funcionarios.
El planteo había sido incorporado al debate del Consejo durante la sesión Nº 647, celebrada el martes 9 de junio en Ushuaia. En esa oportunidad, la presidenta del organismo, Edith Miriam Cristiano, informó que el Superior Tribunal no había dado respuesta a lo requerido por el Consejo mediante la Acordada Nº 692, del 11 de mayo, y propuso abrir una mesa de diálogo con los integrantes del máximo tribunal.
La moción fue aprobada por unanimidad y derivó en el encuentro desarrollado ayer, miércoles 10 de junio, a las 10. Finalizada esa reunión, el Consejo reabrió la sesión Nº 647 a las 11 y retomó el tratamiento del expediente Nº 137/26, caratulado “STJ-SSA Acordada 24/2026”.
En ese marco, los consejeros dejaron asentado que ampliarán los fundamentos esgrimidos en la Acordada Nº 674. La decisión aparece como una respuesta institucional al requerimiento del Superior Tribunal, que reclamaba mayores fundamentos sobre el procedimiento de selección y la conclusión adoptada por el Consejo respecto de la elevación de la designación de Guerrero.
Además de ese punto, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto y la coordinación interinstitucional en las materias vinculadas con la cobertura de cargos judiciales y de los Ministerios Públicos, dentro del marco de las competencias que la Constitución Provincial y las leyes asignan a cada organismo.
En esa línea, el Consejo de la Magistratura avanzará en la elaboración de un reglamento destinado a regular los concursos para la cobertura de cargos de juez. Por su parte, el Superior Tribunal trabajará en la elaboración y actualización de la reglamentación aplicable a los concursos para cargos de funcionarios judiciales, defensor ante el Superior Tribunal, fiscal ante el Superior Tribunal, magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos, incluidos secretarios y secretarias de Defensorías y Fiscalías.
El Superior Tribunal también pondrá a disposición del Consejo un proyecto de reglamentación en el que viene trabajando, como aporte técnico e institucional para la regulación de los concursos destinados a la selección de postulantes a cargos de juez.
En la misma reapertura de sesión, el Consejo abordó otros dos pedidos de acuerdo formulados por el Superior Tribunal para designaciones interinas: el de Andrea Yanet Milesi como secretaria del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 1 del Distrito Judicial Sur y el de Carolina Soledad Osta como secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad Nº 1 del mismo distrito.
Ese tramo del debate derivó en una definición adicional. Por mayoría, el Consejo resolvió hacer saber al Superior Tribunal que, a partir de la fecha, no se requerirá acuerdo del cuerpo para la designación de funcionarios interinos. El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, reiteró en ese punto su posición histórica sobre la innecesariedad de ese aval cuando se trata de coberturas de carácter interino.
De este modo, la jornada dejó como eje principal la decisión del Consejo de atender el requerimiento del Superior Tribunal mediante una ampliación formal de fundamentos sobre la designación de Guerrero. Al mismo tiempo, ambos organismos ratificaron su voluntad de sostener acciones coordinadas para mejorar los procedimientos de selección, fortalecer la transparencia y consolidar la calidad institucional del sistema de justicia.
