a Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzó unilateralmente en el proceso licitatorio para el recambio integral del sistema de defensas del Puerto de Ushuaia, una obra polémica para la seguridad operativa de la terminal marítima ya que no intervienen técnicos ni profesionales provinciales. En total, cinco empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos, cuya adjudicación se definirá en las próximas semanas.
El proyecto contempla el retiro de las estructuras actualmente instaladas y la provisión, colocación y calibración de 75 nuevas defensas, además de la reparación de vigas y cabezales de hormigón en distintos sectores del frente de atraque. Según informó el organismo, las tareas se realizarán sin afectar la operatoria habitual del puerto ni comprometer el desarrollo de la próxima temporada de cruceros.
Sin embargo, uno de los aspectos más destacados del anuncio oficial es la forma en que la ANPYN asegura haber obtenido los recursos para financiar estas inversiones. De acuerdo con la información difundida, los fondos provienen de la propia operatoria portuaria y de una profunda reestructuración administrativa que redujo la dotación de personal a apenas unas 30 personas designadas por la Intervención. ANPYN no rinde cuenta de los fondos provenientes de la explotación del puerto provincial ni tampoco se conocen controles administrativos sobre los responsables de la Intervención.
Asimismo, la situación adquiere otra dimensión al considerar que la ANPYN desarrolla su actividad utilizando instalaciones y activos que pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego sin abonar contraprestación alguna por ese uso, ni asumir gastos administrativos portuarios que históricamente formaban parte de la estructura de funcionamiento de la terminal.
En ese contexto, tanto el Gobierno, la Dirección de Puertos y los trabajadores observan que la capacidad de financiar obras no sólo responde al ajuste aplicado sobre la estructura laboral, sino también al hecho de operar sobre infraestructura provincial sin afrontar costos equivalentes a los que tendría cualquier concesionario o administrador que debiera compensar económicamente al propietario de los bienes utilizados.
