a propuesta fue elaborada por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial varios meses antes de que se conocieran públicamente las decisiones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El proyecto obtuvo dictamen favorable en el Consejo de Planeamiento Urbano (COPU), fue acompañado por unanimidad por los asesores de los concejales y posteriormente remitido al Concejo Deliberante, aunque hasta el momento no fue tratado.
La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henríques Sánches, explicó que el Municipio comenzó a trabajar sobre esta situación luego de analizar medidas similares adoptadas por el Gobierno nacional en otras provincias. "Hicimos un diagnóstico de las posibles tierras a las cuales creíamos que iban a echar mano y elaboramos un proyecto de ordenanza para poner especialmente a resguardo esos sectores. Propusimos categorías de reserva natural, deportiva, recreativa y de costa, además de prohibir bases militares conjuntas con participación extranjera, depósitos de armamento e instalaciones que comprometan la soberanía y la paz social de la ciudad", sostuvo.
La funcionaria indicó que entre los terrenos alcanzados por la iniciativa figura el predio donde actualmente funciona el Centro Logístico del Operativo Invierno, junto al histórico Galpón de Sal. Recordó que allí también se encuentra una vivienda de alto valor patrimonial que será trasladada al sector de Pueblo Viejo para su preservación. Según explicó, el objetivo era desalentar cualquier operación inmobiliaria incompatible con el perfil que el Municipio proyecta para esa zona. "La idea era que quien quisiera comprar esas hectáreas entendiera que ahí no iba a poder hacer un desarrollo inmobiliario, ni instalar una base militar ni ningún otro uso que contradijera la planificación urbana de la ciudad", afirmó.
Henríquez Sánchez sostuvo que la discusión excede la coyuntura generada por las subastas y remarcó que el planteo del Municipio se apoya en la Ley de Provincialización y en la legislación provincial que regula el traspaso de tierras nacionales ubicadas dentro del ejido urbano. En ese sentido, consideró que esos inmuebles deberían haber sido transferidos hace décadas. "Las leyes son muy claras. Esas tierras tendrían que estar inscriptas primero a nombre de la Provincia y luego del Municipio. Por eso cuando nos piden desalojar en sesenta días un predio donde funciona el operativo invierno, lo primero que nos preguntamos es qué derecho tienen para exigir algo sobre un terreno que entendemos que no les corresponde", expresó.
La secretaria manifestó además su preocupación porque la iniciativa legislativa todavía no haya sido debatida por el Concejo Deliberante, pese a haber sido presentada hace ocho meses. Consideró que el contexto actual vuelve aún más necesario avanzar con esa herramienta urbanística. "Nosotros hicimos todo el trabajo técnico y político que estaba a nuestro alcance para defender esos espacios. Hoy creemos que es indispensable que el Concejo trate el proyecto y defina qué usos son compatibles con el desarrollo que la ciudad necesita", señaló.
También vinculó la venta de estos inmuebles con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió que existe una estrategia más amplia respecto del destino de tierras consideradas estratégicas. "Esto no es un hecho aislado. Hay un paquete de medidas que modifica distintas normas vinculadas con la propiedad de la tierra y por eso creemos que hay que poner este debate sobre la mesa. Estamos hablando de sectores con enorme valor geopolítico, ambiental e histórico para Ushuaia", afirmó.
Reiteró que el Municipio continuará promoviendo el tratamiento de la ordenanza y reclamó que todos los actores políticos se involucren en la discusión. "Lo que buscamos es cerrar todas las vías posibles para desalentar estas operaciones y preservar espacios que son estratégicos para la ciudad. Esperamos que todo el arco político esté a la altura de la importancia que tiene esta discusión para el
