a Administración General de Puertos avanzó con la preadjudicación de una de las obras más importantes previstas para el Puerto de Ushuaia. La Comisión de Preadjudicación aconsejó contratar a Concret Nor S.A. para el recambio de 75 defensas del muelle comercial por USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42, aceptando una oferta que se ubica 18,08% por encima del presupuesto oficial¨, al considerarla la única propuesta válida y conveniente luego de desestimar llamativamente a las restantes cuatro ofertas.
La decisión adquiere especial relevancia porque se produce en un escenario de crecientes cuestionamientos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la propia AGP (empresa que se encuentra en proceso de liquidación), organismos que continúan negándose a brindar información sobre el destino de los recursos que recauda el Puerto de Ushuaia mediante la utilización de infraestructura cuya titularidad pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego.
En ese contexto, la comunicación oficial difundida por la ANPYN volvió a omitir información relevante para la ciudadanía. El organismo informó el avance de la obra, pero evitó identificar a la empresa preadjudicada y tampoco informó que la oferta aceptada implica un incremento del 18,08% respecto del presupuesto oficial, dato que sí figura expresamente en el dictamen administrativo.
La empresa seleccionada, Concret Nor S.A., integra además el consorcio que obtuvo la concesión del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur dentro del proceso de concesión de rutas nacionales, junto con Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A.. Ese corredor comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. La firma aparece vinculada públicamente al empresario Sebastián Galluzzo, identificado como presidente de la compañía, y cuenta con antecedentes en obras de infraestructura vial, movimiento de suelos y pavimentación.
Galluzzo también ha sido mencionado públicamente por su cercanía política con dirigentes del Frente Renovador y por haber participado, a través de Concret Nor, en obras contratadas por la Municipalidad de Tigre en 2013 y posteriormente por AySA en 2021.
En paralelo, la ANPYN volvió a utilizar el anuncio de la obra para reforzar otro de los ejes de su intervención sobre el puerto fueguino: la reducción de la planta de personal. Según destacó el organismo, el Puerto de Ushuaia continúa operando con apenas el 20% de los trabajadores que tenía la administración anterior, sosteniendo que esa disminución permitió optimizar procesos y generar un ahorro significativo.
Ese mensaje vuelve a dejar en evidencia que la política impulsada por la intervención nacional apunta a consolidar un esquema operativo prescindiendo de alrededor del 80% de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, una decisión que continúa generando cuestionamientos sindicales, políticos e institucionales.
Así, mientras la Nación avanza con una obra adjudicada por encima del presupuesto oficial, persisten las mismas preguntas sin respuesta: cuánto recauda el Puerto de Ushuaia, cómo se administran esos recursos provinciales y bajo qué criterios se decide su utilización. Hasta ahora, ni la ANPYN ni la AGP han dado esas explicaciones.
