uando el Gobierno nacional decidió reducir los aranceles para la importación de teléfonos celulares, presentó la medida como una solución para terminar con los elevados precios de la tecnología en Argentina. El diagnóstico oficial señalaba un responsable concreto: el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Bajo esa premisa, la protección de la industria fueguina era la causa principal de que los consumidores argentinos pagaran más caro que en los países vecinos.
La consecuencia política de ese planteo fue inmediata. La industria fueguina quedó instalada como el símbolo de un supuesto privilegio que perjudicaba al conjunto de la sociedad. Sobre esa base se impulsó una apertura comercial que, lejos de ser neutra, impactó directamente sobre el entramado productivo de la provincia, provocando reducción de actividad, suspensiones y pérdida de puestos de trabajo en un sector que constituye uno de los principales motores económicos de Tierra del Fuego.
Sin embargo, el paso del tiempo comienza a ofrecer elementos para evaluar si aquel diagnóstico era correcto.
Un reciente informe periodístico publicado por Infobae, que comparó los precios de diez productos tecnológicos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, aporta datos que ponen en discusión el principal fundamento de la decisión oficial.
El estudio muestra que Argentina continúa exhibiendo los precios más elevados de la región en buena parte de los productos analizados. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta USD 2.112 en Argentina, contra USD 1.473 en Chile; un Smart TV LG Nano Cell de 85 pulgadas vale USD 2.508 frente a USD 968; una Nintendo Switch OLED cuesta USD 660 contra USD 369, y una Lenovo Tab P11 alcanza USD 462 frente a USD 246 en el mercado chileno.
El dato central no reside únicamente en la magnitud de las diferencias, sino en la naturaleza de los productos relevados. Varios de ellos jamás fueron fabricados en Tierra del Fuego ni estuvieron alcanzados por el régimen industrial fueguino. En consecuencia, atribuir exclusivamente a la promoción industrial la brecha de precios aparece, a la luz de estos datos, como una explicación insuficiente.
La evidencia permite formular una pregunta inevitable: si la industria fueguina era la principal responsable de los altos precios, ¿por qué la diferencia continúa observándose en productos completamente ajenos a ese esquema productivo?
La respuesta parece conducir hacia factores estructurales mucho más amplios: elevada carga tributaria, costos logísticos, financiamiento, márgenes de comercialización, baja escala del mercado argentino y escasa competencia en determinados segmentos. Variables que permanecen prácticamente inalteradas aun después de la modificación arancelaria.
La contradicción adquiere además una dimensión política. Mientras la reducción de aranceles produjo efectos inmediatos sobre la actividad económica de Tierra del Fuego y sobre cientos de trabajadores vinculados directa e indirectamente a la industria electrónica, el beneficio prometido para los consumidores no aparece reflejado con la contundencia que justificó la medida.
No se trata de sostener que el régimen de promoción industrial sea intocable o que no deba ser objeto de revisiones periódicas. Toda política pública puede y debe evaluarse en función de su eficiencia, su costo y los resultados que produce. Pero una cosa es discutir la conveniencia de un régimen de promoción y otra muy distinta construir un relato que lo convierta en el único responsable de una distorsión cuyos propios datos muestran un origen mucho más complejo.
Paradójicamente, el relevamiento termina debilitando el argumento utilizado para justificar la apertura comercial. Si la brecha de precios persiste incluso en productos sin participación de la industria fueguina, entonces la premisa sobre la que se asentó buena parte del discurso oficial pierde consistencia.
El interrogante ya no es únicamente si correspondía revisar el régimen industrial fueguino. El verdadero debate pasa por determinar si resultaba razonable sacrificar producción nacional, empleo calificado y una parte importante del aparato industrial argentino sobre la base de una promesa que, al menos hasta ahora, no encuentra un correlato evidente en los precios que efectivamente pagan los consumidores. El costo de la medida ya es tangible para Tierra del Fuego; el beneficio anunciado para el resto de los argentinos, en cambio, continúa siendo una expectativa mucho más cercana al discurso político que a la realidad del mercado.
