Frenar la intervención federal y regular servicios públicos
Definiciones del legislador Pablo Villegas

Frenar la intervención federal y regular servicios públicos

La iniciativa propone crear un organismo independiente que controle a las empresas prestatarias de servicios públicos, participe en la definición de tarifas y actúe como instancia de reclamo para los usuarios. El legislador sostuvo que el esquema actual concentra todas esas funciones en las propias prestadoras.
05/08/2026
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l sistema de control de los servicios públicos en Tierra del Fuego volvió a quedar en debate a partir de un proyecto legislativo que propone separar las funciones de regulación de las empresas prestatarias. La iniciativa busca crear un ente independiente que supervise la prestación de los servicios, intervenga en la definición de los cuadros tarifarios y actúe como instancia de reclamo para los usuarios.

Pablo Villegas, legislador del Movimiento Popular Fueguino, explicó que la propuesta fue presentada por primera vez en 2018 y afirmó que Tierra del Fuego necesita contar con un organismo similar a los que ya funcionan a nivel nacional y en otras provincias. "La idea es que, al igual que existe a nivel nacional desde la década del 90 y como ocurre en varias provincias, en Tierra del Fuego exista un ente regulador por encima de las empresas prestatarias de servicios públicos, ya sean públicas o privadas. Ese organismo debe establecer las ‘reglas de juego’ a las que las empresas tienen que sujetarse; fiscalizar sus planes de inversión y regular la relación con los consumidores. Hoy la misma empresa que presta el servicio fija el cuadro tarifario, establece el marco regulatorio con el consumidor y, frente a un reclamo por un incumplimiento contractual, también es la que unilateralmente lo resuelve", sostuvo.

El organismo también debería intervenir en la definición de las tarifas y disponer de herramientas para sancionar incumplimientos sin que los usuarios deban recurrir a la Justicia. "La idea es que este ente participe activamente, con intervención de los consumidores, en la fijación del cuadro tarifario y que además tenga un mecanismo muy ágil y expeditivo para resolver reclamos y aplicar sanciones por incumplimientos contractuales. Se trata de cambiar la matriz de funcionamiento y el marco regulatorio que hoy existe en Tierra del Fuego", sostuvo.

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es el costo que podría implicar crear una nueva estructura estatal, aunque aseguró que la propuesta contempla un organismo reducido, "pensé en un órgano muy pequeño, integrado por un representante de los usuarios, uno del Poder Legislativo y otro del Poder Ejecutivo, con una estructura mínima. No me interesa generar un ente burocrático para acomodar amigos de la política. Creo que el costo puede afrontarse si se racionaliza el gasto en otras áreas del Estado y se prioriza un organismo que realmente mejore la calidad de vida de los fueguinos", expresó.

La discusión cobra mayor importancia ante los cambios previstos en el sistema de generación eléctrica y la incorporación de un operador privado, ya que "en el corto plazo vamos a tener una empresa privada generando energía eléctrica de manera monopólica y no existe un marco regulatorio específico sobre su actuación. Por eso es importante contar con un organismo independiente, austero y eficiente que establezca las reglas de juego, controle el servicio y pueda sancionar los incumplimientos", indicó.

Villegas sostuvo que el modelo vigente deja a los usuarios sin una instancia imparcial para reclamar cuando se producen deficiencias en la prestación de los servicios y afirmó que esa situación debe corregirse mediante un nuevo marco regulatorio. "Cuando hay cortes reiterados de luz o de agua no existe un sistema autónomo de reparación para el consumidor. Todo termina dependiendo de la voluntad política o de que el usuario inicie una acción judicial. La empresa que incumple debe hacerse cargo de los daños conforme al régimen de responsabilidad que corresponda y eso tiene que surgir de un marco regulatorio, no de un favor del gobierno de turno", afirmó.

Finalmente, señaló que el proyecto está abierto a modificaciones durante su tratamiento legislativo, aunque insistió en que el objetivo es instalar nuevamente la discusión sobre el control de los servicios públicos. "Todo proyecto de ley puede perfeccionarse. Yo no tengo la verdad revelada y seguramente habrá aportes que permitan mejorarlo. Lo que quiero es volver a poner este tema en la agenda porque los consumidores merecen contar con un organismo que controle a las empresas y garantice una relación más equilibrada con los usuarios", concluyó.

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