a reforma impulsada por el Gobierno nacional para modificar el régimen de adquisición de tierras volvió a generar cuestionamientos desde el ámbito ambiental, donde especialistas advirtieron que la iniciativa excede la discusión sobre la propiedad privada y elimina restricciones consideradas estratégicas para la protección del territorio y los recursos naturales.
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, sostuvo que el eje del proyecto no pasa por reforzar garantías sobre la propiedad privada, ya contempladas por la Constitución Nacional, sino por la eliminación de límites establecidos en la legislación vigente. En ese sentido, explicó que "el resguardo de la propiedad privada está garantizado por la Constitución Nacional. No existe ninguna ley que lo reglamente", y advirtió que el verdadero cambio consiste en derogar el artículo que hoy restringe la adquisición de tierras ubicadas en zonas de frontera, cursos de agua y otras áreas estratégicas.
El especialista consideró que la discusión pública se ha concentrado en el incremento del porcentaje de tierras que pueden quedar en manos extranjeras, aunque sostuvo que ese aspecto resulta secundario frente a las modificaciones de fondo. "El porcentaje, pasarlo del 15 al 25, no es la cuestión central. La cuestión central es que se está derogando el artículo que impide, por ejemplo, la compra de determinada cantidad de tierras en zona núcleo de Argentina, o en presencia de cursos de agua o en territorio de frontera", afirmó.
Según Napoli, la flexibilización del régimen provocará una mayor presión sobre ecosistemas sensibles y favorecerá nuevos conflictos territoriales. Explicó que una mayor disponibilidad para adquirir grandes extensiones derivará en una intensificación del uso de los recursos naturales y sostuvo que "eso va a traer, sin duda, la aparición de conflictos socioambientales en los territorios. Esta no es una ley que libera mercado; es una ley que establece lineamientos estratégicos para el país".
También planteó que los efectos de la norma se observarán principalmente en las provincias, donde deberán convivir las modificaciones nacionales con las regulaciones locales sobre agua, tierras y ordenamiento territorial. En ese marco, remarcó que "lo más importante no es el porcentaje de la Nación, sino lo que pasa en los territorios", y señaló que actualmente existen provincias donde más de la mitad de sus departamentos ya presentan altos niveles de propiedad extranjera.
Napoli afirmó además que el problema trasciende el origen del comprador y apuntó contra la concentración de la tierra como fenómeno en sí mismo. "Yo no permitiría esto ni para extranjeros ni para nacionales. Esto no es un problema de extranjeros solamente, porque además los extranjeros pueden comprar por medio de nacionales. Es un tema de apropiación de tierra, de concentración de tierra; esto claramente no debería permitirse", expresó.
Como antecedente, mencionó el caso de Lago Escondido, en Río Negro, donde, según indicó, el dominio privado de los accesos limita en la práctica el ingreso a un recurso de carácter público. "El agua es de dominio público, nominativamente, pero el acceso al agua, ¿quién lo tiene? Pregunten si pueden ingresar a Lago Escondido. Es muy difícil, casi imposible", sostuvo.
Advirtió que una eventual aprobación de la reforma podría profundizar ese tipo de situaciones al facilitar la adquisición de tierras vinculadas con recursos estratégicos. "Si se vienen a comprar territorios, es muy probable que se compren territorios que tienen que ver con acceso a recursos naturales estratégicos como el agua o ciertos minerales. Claramente esto va a pasar", concluyó.
