a controversia se originó luego de que un profesional de la construcción afirmara públicamente que existirían pedidos de coimas para facilitar trámites vinculados al Código de Planeamiento Urbano. Frente a esas declaraciones, el Municipio de Ushuaia resolvió convocarlo a una reunión con la Jefatura de Gabinete con el objetivo de conocer los antecedentes de sus dichos y determinar si corresponde impulsar una presentación ante la Justicia.
El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, sostuvo que las manifestaciones difundidas públicamente carecen de respaldo formal y cuestionó la decisión de exponerlas en los medios sin acudir previamente a los organismos competentes. "No hay ninguna denuncia en términos judiciales que permitiría tener un poder que investigue con total autonomía lo que alguien denuncia. Me parece un grado de responsabilidad enorme porque él no tiene ninguna prueba en absoluto ni tampoco le han solicitado, por sus propias manifestaciones, que pague determinado monto de dinero para que se le facilite un trámite", afirmó.
El funcionario explicó que la única actuación existente es una nota presentada por el profesional, en la que expresa que no accederá al pago de una presunta coima, aunque sin individualizar responsables ni aportar pruebas. En ese marco, confirmó que será recibido por la jefa de Gabinete. "Lo vamos a ayudar en que, si él tiene conocimiento de algo que esté mal, que esté por fuera de la normativa, seamos juntos los que llevemos adelante una denuncia", señaló.
Iriarte rechazó además la posibilidad de que una excepción urbanística pueda resolverse mediante el pago a un empleado municipal y describió el procedimiento institucional previsto para ese tipo de expedientes. Explicó que las solicitudes deben ser analizadas por el Consejo de Planeamiento Urbano —integrado por representantes municipales, del Concejo Deliberante y de distintos colegios profesionales— antes de llegar al tratamiento legislativo.
Sobre esa base, sostuvo que las acusaciones difundidas implican atribuir una maniobra irregular a todos los organismos que intervienen en ese circuito administrativo. "Él está indicando que el Consejo Deliberante, el Consejo de Planeamiento de la ciudad, funcionarios municipales y empleados municipales están todos en una red de corrupción. Bueno, señor, eso lo tiene que ir a denunciar", expresó.
El secretario de Gobierno remarcó que cualquier persona que conozca la posible comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo y enfatizó que esa responsabilidad resulta aún mayor cuando se trata de un funcionario público. En ese sentido, indicó que, según entiende, el profesional que formuló las acusaciones es empleado del Gobierno provincial y consideró que las denuncias mediáticas no pueden sustituir una presentación judicial.
También señaló que el Municipio no dispone actualmente de elementos suficientes para iniciar un sumario administrativo, ya que no fueron identificadas personas, hechos concretos ni circunstancias verificables. Agregó que, si otros profesionales atravesaron situaciones similares, deberán aportar esa información para que pueda investigarse.
Iriarte interpretó que las acusaciones forman parte de una estrategia orientada a desacreditar la gestión municipal. Aseguró que el recorte con las declaraciones del profesional fue difundido por funcionarios de la Municipalidad de Río Grande y afirmó que existe un mecanismo reiterado de instalación de sospechas sobre distintas políticas públicas. "Una noticia falsa que aparece sin firma en una red social se hace eco de un periodismo que articula políticamente, se da como cierta y luego es tomada como una información verdadera. Siempre es exactamente la misma manera de actuar", manifestó.
El Ejecutivo municipal avanzará con la convocatoria al denunciante para que exponga formalmente la información que asegura conocer. Si de esa instancia surgen elementos que permitan acreditar la posible existencia de un delito, el Municipio aseguró que promoverá las actuaciones correspondientes ante la Justicia.
