a crisis que atraviesa la industria electrónica de Tierra del Fuego sumó este lunes un nuevo capítulo de alta tensión. El Grupo Mirgor despidió a cerca de 300 trabajadores de sus plantas de Río Grande y les impidió el ingreso a los establecimientos ubicados sobre las calles Epstein e Islas Malvinas, una decisión que derivó en la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia mediante el dictado de la conciliación obligatoria.
La medida impactó de lleno sobre dos de las fábricas del grupo. Según trascendió, fueron cesanteados 223 operarios de la planta de calle Epstein 1111 y otros 73 trabajadores del establecimiento de Islas Malvinas 3091, en lo que representa uno de los mayores recortes de personal registrados en el sector durante los últimos años.
Los rumores sobre una desvinculación masiva habían comenzado a circular desde el viernes, aunque la situación terminó de confirmarse el lunes, cuando numerosos empleados encontraron bloqueado el acceso a sus lugares de trabajo. Entre los despedidos también figuran delegados gremiales, lo que incrementó el conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Desde el sindicato sostuvieron que los despidos constituyen una respuesta de la empresa al reclamo por el pago de la primera cuota del premio anual, beneficio cuya liquidación, según denunciaron, había sido rechazada por la firma. Esa presentación fue elevada ante el Ministerio de Trabajo, que resolvió intervenir para intentar descomprimir el conflicto.
La conciliación obligatoria dispuso que ambas partes retrotraigan las medidas adoptadas. En ese marco, la empresa deberá permitir nuevamente el ingreso de los trabajadores alcanzados por los despidos, mientras que la UOM dejó sin efecto el paro de actividades que había iniciado durante la mañana del lunes en las plantas de Mirgor, IATEC, Brightstar y Famar.
En los telegramas enviados a los operarios, la compañía justificó las cesantías invocando el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí sostiene que los trabajadores incurrieron en una interrupción "intempestiva e injustificada" de sus tareas el pasado 5 de agosto, sin autorización ni aviso previo.
Además, la empresa argumentó que esa conducta resultó especialmente grave porque ocurrió mientras regía una conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, que prohibía expresamente la realización de medidas de acción directa.
Sin embargo, desde el gremio recordaron que ese mismo 5 de agosto la UOM había convocado a un paro de actividades entre las 11 y las 17 en todas las fábricas electrónicas de la provincia, en defensa de los puestos de trabajo del sector, en el marco de un conflicto que ya venía escalando por la incertidumbre laboral y salarial.
Con la conciliación obligatoria en vigencia, el conflicto ingresó ahora en una etapa de negociación. Mientras el Gobierno provincial busca acercar posiciones entre las partes, la preocupación crece entre los trabajadores de la industria electrónica, uno de los principales motores económicos de Río Grande, ante el temor de que la reducción de personal se profundice en las próximas semanas.
