l avance del crimen organizado en la Patagonia incorporó a Ushuaia dentro de una ruta marítima que se extiende hacia el norte de Chile. Las investigaciones expuestas ante el Senado chileno detectaron movimientos en ambos sentidos y advirtieron que las organizaciones aprovechan la extensa frontera, el aumento del tránsito marítimo y las diferencias entre los sistemas de control de ambos países.
El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, participaron de las jornadas que la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile realizó en Punta Arenas para analizar el crimen organizado, las rutas marítimas y los riesgos estratégicos del extremo sur. Ambos coincidieron en que el fenómeno debe ser abordado con una mirada transfronteriza.
Crisosto confirmó que las investigaciones permitieron reconstruir un corredor que parte de Tierra del Fuego y continúa por distintos puntos chilenos. El fiscal explicó que “hemos identificado rutas de narcotráfico que van de Ushuaia” y detalló que el recorrido continúa por Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y finalmente Puerto Montt. Por ese circuito, sostuvo, se trasladan cocaína y cigarrillos por barco y también se registraron investigaciones con movimientos en sentido contrario.
La advertencia se produce en un contexto de mayor circulación marítima por el extremo austral. Según datos de Directemar citados durante la exposición, el tránsito de grandes embarcaciones por el Estrecho de Magallanes aumentó un 47% entre 2024 y 2025. Crisosto señaló que cambios geopolíticos y climáticos impulsaron a las navieras a volver a utilizar con mayor intensidad esta alternativa y advirtió que esas mismas condiciones pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales.
Uno de los problemas señalados se encuentra en las posibilidades de fiscalización sobre los barcos que atraviesan el Estrecho. Según la información presentada ante el Senado, los acuerdos que regulan el tránsito garantizan el paso de las embarcaciones y, sin una denuncia o indicios previos, las autoridades chilenas tienen limitaciones para abordar un buque sospechoso. Como antecedente se mencionó una nave que había atravesado la zona y posteriormente fue incautada en Países Bajos sin que Chile conociera previamente la situación.
Zárate respaldó desde el lado argentino el diagnóstico sobre la dinámica regional. Su exposición describió organizaciones que utilizan caminos, campos y vehículos para atravesar la frontera y que incluso adquieren estancias para asegurar puntos de cruce. También mencionó camiones escoltados, comunicaciones satelitales, billeteras virtuales y casas de cambio dentro de una estructura orientada finalmente al lavado de las ganancias obtenidas por las actividades ilegales.
La dificultad, sostuvo el fiscal federal de Río Gallegos, también está en los tiempos de cooperación entre los organismos de ambos países. Mientras las estructuras criminales intercambian información y coordinan movimientos con rapidez, las investigaciones deben atravesar procedimientos administrativos y judiciales. Zárate resumió el problema al advertir que “la velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado” y planteó la necesidad de agilizar el intercambio de información e inteligencia.
Las investigaciones también vinculan el contrabando de cigarrillos con estructuras dedicadas al narcotráfico. Crisosto informó que durante 2025 se incautaron más de 600 mil cajetillas y que existen más de 120 vehículos secuestrados en causas por narcotráfico y contrabando. La hipótesis expuesta es que una misma organización puede desarrollar ambas actividades y utilizar las ganancias del tabaco ilegal para financiar la logística necesaria para trasladar drogas.
La autoridad marítima chilena introdujo una precisión sobre el alcance del fenómeno. Directemar informó que alrededor de 2.500 embarcaciones atraviesan anualmente el Estrecho y señaló que hasta el momento no detectó organizaciones que utilicen esas rutas para trasladar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. Sin embargo, el 4 de agosto fueron incautadas 56 mil cajetillas de cigarrillos en una embarcación en Bahía Azul, en Tierra del Fuego chilena.
La discusión dejó a Ushuaia incorporada a un mapa regional que las fiscalías ya analizan como una misma estructura patagónica. La Comisión de Seguridad Pública chilena puso el foco en reforzar la cooperación con Argentina, mejorar el intercambio de inteligencia y reducir los espacios que permiten a las organizaciones aprovechar los pasos terrestres y marítimos del extremo sur para trasladar drogas, contrabando y recursos económicos entre ambos países.
