l Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego dio por finalizada una extensa auditoría destinada a analizar el funcionamiento del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), el sistema de Acogimiento Familiar y las deudas recíprocas entre la OSEF y distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial. El trabajo había sido ordenado en diciembre de 2024 y luego estructurado mediante resoluciones dictadas durante 2025.
La auditoría fue desarrollada por un equipo interdisciplinario integrado por abogados y profesionales en Ciencias Económicas del Tribunal de Cuentas, con la participación de especialistas del Laboratorio de Gestión Integral de Servicios de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
El análisis se dividió en cuatro ejes: las deudas entre OSEF y el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia por prestaciones RUPE y Acogimiento Familiar; las deudas entre OSEF y el Ministerio de Salud por servicios brindados en hospitales públicos; los mecanismos de conciliación y compensación entre organismos; y el comportamiento del padrón RUPE y su impacto prestacional.
Entre las principales conclusiones, el Tribunal detectó una fuerte fragmentación normativa del régimen RUPE, falta de reglamentación integral y ausencia de procedimientos claros que definan responsabilidades y mecanismos de coordinación entre los organismos. Según el informe, esta situación afecta la seguridad jurídica, la transparencia, la eficiencia administrativa y la protección de los recursos públicos.
Uno de los datos más contundentes de la auditoría es el impacto económico que tiene el régimen sobre la OSEF. Durante el primer semestre de 2025, las prestaciones correspondientes a beneficiarios RUPE representaron un gasto aproximado de $4.392 millones.
De ese total, alrededor de $4.165 millones correspondieron a RUPE Discapacidad, es decir, cerca del 95% del consumo prestacional relevado. RUPE Vejez concentró unos $225 millones y Acogimiento Familiar alrededor de $1,7 millones.
La concentración del gasto se explica también por la composición del padrón. La auditoría identificó 1.028 beneficiarios que estuvieron activos entre julio de 2022 y junio de 2025, de los cuales 834 continuaban en el sistema al cierre del período. El crecimiento estuvo liderado por el grupo con discapacidad, que además presenta una tendencia a incorporar personas más jóvenes y con mayor permanencia futura dentro de la cobertura.
Ese comportamiento, según los especialistas, genera una presión permanente sobre las cuentas de la obra social. La incorporación de nuevos beneficiarios con alta demanda prestacional produce un efecto acumulativo sobre el gasto y vuelve determinante que el Estado provincial transfiera en tiempo y forma los recursos necesarios para compensarlo.
En la OSEF se observaron además procesos de afiliación, facturación y recupero sin aprobación formal, dependencia de planillas de cálculo y falta de integración de los sistemas informáticos. También se detectaron montos recuperables que no llegaron a facturarse y ausencia de intervención sistemática de la Auditoría Interna.
La auditoría advierte que casi el 90% de la facturación de montos recuperables emitida por la OSEF tiene como destinatario al Ministerio de Bienestar y que ese volumen aumentó un 245% durante el período analizado. Aun con anticipos financieros implementados desde 2024, los ingresos mensuales remitidos resultaron significativamente inferiores a la facturación, generando un déficit operativo.
A esto se suma que el fondo específico previsto para financiar estas prestaciones cubre apenas entre el 0,9% y el 1,2% del gasto, por lo que la mayor parte debe ser afrontada con recursos del Tesoro provincial.
También fueron cuestionadas las demoras del Ministerio de Bienestar en controlar y aprobar las prestaciones. El trámite insume en promedio más de seis meses y existen saldos pendientes de pago, situación que el Tribunal vincula con un incumplimiento de la Ley 888. Además, después de más de dos años de creada una comisión específica, todavía no se había podido determinar el monto definitivo de la deuda histórica con OSEF al 31 de diciembre de 2023.
Otro de los focos críticos estuvo en la relación entre la obra social y los hospitales provinciales. El informe detectó demoras excesivas en auditorías y pagos, documentación incompleta, falta de procedimientos formalizados y registros contables tardíos. Al 30 de junio de 2025, la OSEF aparecía como el principal deudor de los efectores públicos provinciales, con créditos hospitalarios por unos $5.845 millones.
En el Hospital Regional Ushuaia se identificó además un punto especialmente sensible: la aplicación sistemática de una quita del 30% sobre determinadas prestaciones aun cuando los pagos no se realizaban en término. Según el Tribunal, esa práctica contradecía el nomenclador vigente y había provocado una subvaluación de créditos por más de $196 millones al momento del corte de la auditoría.
El diagnóstico general es que no existen mecanismos sistemáticos de conciliación y compensación de deudas entre OSEF y el Poder Ejecutivo. Esa carencia generó diferencias entre registros, dificultades para establecer saldos reales y acumulación de obligaciones durante años.
Para los especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, el consumo prestacional del RUPE no constituye un fenómeno coyuntural sino “estructural y progresivo”, lo que obliga a sostener políticas de gestión, control y financiamiento capaces de evitar un deterioro mayor de la situación financiera de la obra social.
En su conclusión global, el Tribunal calificó los desequilibrios financieros de OSEF y de los hospitales como un problema sistémico y acumulativo, provocado por pagos fuera de término, sistemas de información que no se integran, registros contables tardíos, dependencia de planillas auxiliares y falta de conciliaciones periódicas. El informe sostiene que, pese a medidas aisladas, todavía no existe una solución definitiva.
A partir de esos hallazgos, el Tribunal formuló más de 40 recomendaciones y ordenó a OSEF, Bienestar Ciudadano, Salud, Contaduría General y otras áreas presentar en diez días planes de acción para corregir varias de las deficiencias consideradas capaces de obstaculizar o perjudicar el control externo. Esos planes deberán poder ejecutarse en un plazo máximo de dos meses.
