l inicio de la temporada de cruceros volvió a profundizar las diferencias alrededor de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Mientras entidades vinculadas al turismo, el comercio y la actividad marítima reclamaron garantías de acceso a la terminal ante posibles medidas gremiales, los trabajadores desplazados desde el comienzo de la intervención cuestionaron el enfoque empresarial y reclamaron que el conflicto laboral también forme parte de la discusión.
Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, sostuvo que las cámaras mantuvieron distancia de los trabajadores durante los meses transcurridos desde la intervención y cuestionó que ahora el eje esté puesto sobre las consecuencias que podrían tener sus reclamos “No se pronuncian en contra de la intervención, corren el foco para solamente defender sus intereses económicos y tratan de dejar ante la sociedad como que el conflicto lo generamos nosotros”, afirmó.
Barría aseguró que desde enero no existió ninguna instancia de diálogo con los representantes empresariales. “No hemos tenido ningún tipo de diálogo, ningún acercamiento”, señaló. También afirmó que las cámaras mantuvieron conversaciones con la intervención, pero no buscaron conocer directamente la situación de quienes quedaron fuera de la operatoria ni las consecuencias laborales y económicas que atraviesan sus familias.
Barría recordó que el personal estatal participó durante décadas, junto al sector privado, del crecimiento de la actividad portuaria y rechazó que el conflicto pueda presentarse como una oposición entre quienes trabajan en turismo y quienes sostienen el reclamo. “Acá importa que sea uno, dos, tres o dos mil trabajadores. Estamos hablando de trabajadores, de familias”, expresó.
El pedido de un plan de contingencia frente a eventuales dificultades de acceso al puerto concentró las críticas más severas. Barría consideró que esa formulación coloca de antemano a los trabajadores como una amenaza que debe ser contenida. “Pareciera que tienen un plan de contingencia como qué van a hacer con esta gente, cómo los van a sacar. Puedo hasta decir cómo los van a reprimir, qué plan de contingencia están pensando”, cuestionó.
Barría vinculó ese pedido con la posibilidad de una respuesta represiva frente a las protestas. “Sí, yo lo veo de esa forma”, afirmó. También cuestionó que se piense cómo contener una eventual medida antes de abrir una instancia de diálogo y planteó que ese enfoque podría terminar condicionando el derecho de los trabajadores a reclamar.
Al mismo tiempo, descartó cualquier intención de avanzar mediante hechos de violencia. Desde enero, los trabajadores recurrieron a presentaciones judiciales, gestiones institucionales y acciones públicas para visibilizar su situación. “Obviamente no vamos a hacer ningún acto de violencia”, aseguró Barría, y sostuvo que mantendrán una actitud cautelosa con las medidas mientras continúan buscando una salida al conflicto.
Rechazó que las advertencias realizadas antes de la temporada sean interpretadas como amenazas contra la actividad turística. “Informar no es amenazar”, remarcó. Explicó que los comunicados que anticiparon posibles dificultades buscaron advertir sobre las consecuencias de mantener abierto el conflicto. “Cuando largamos los comunicados de que la temporada podía llegar a estar en riesgo fue darle previsibilidad, que es lo que ellos están pidiendo. Nosotros venimos dando previsibilidad desde el día uno”, sostuvo.
Señaló que el esquema utilizado para sostener los haberes tiene un horizonte crítico en abril si antes no aparece una solución. “Nuestro tiempo de caducidad es en abril”, advirtió. Aseguró que las familias ya comenzaron a reducir gastos y prepararse para un escenario en el que los recursos disponibles podrían dejar de alcanzar, mientras los trabajadores siguen sin una definición sobre su futuro laboral.
Cuestionó además la forma en que la intervención presenta sus resultados económicos. “Es fácil hablar de una recaudación exitosa cuando desplazan a trabajadores, cuando contratan por otro lado a trabajadores”, sostuvo. Para Barría, cualquier evaluación sobre el funcionamiento del puerto debe incorporar también qué ocurrió con el personal apartado desde enero y con los recursos destinados a sostener sus salarios.
En ese contexto, reclamó que las cámaras utilicen su capacidad institucional y sus contactos con actores nacionales para contribuir a una salida. “Los invito a que se puedan sentar con los trabajadores, a que puedan conocer y abrir mesas de diálogo, pero con los trabajadores también”, planteó. Barría consideró que quienes tienen mayores canales de interlocución política podrían emplearlos para acercar posiciones, en lugar de limitar su intervención a reclamar garantías para la operatoria. Recordó que los empleados estatales participaron junto al sector privado del desarrollo de la terminal y sostuvo que el funcionamiento cotidiano del puerto no debería llevar a naturalizar una administración nacional que comenzó en enero. “Hemos sido los actores que, en conjunto con ellos, hemos levantado la actividad portuaria”, señaló.
Para Barría, el conflicto excede la situación laboral de los trabajadores desplazados y alcanza al futuro de la administración portuaria y al conjunto de la economía fueguina. “No solamente por nosotros, sino por los 140, por los 2.000 trabajadores de la actividad portuaria y por toda la comunidad de Ushuaia y de la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo. “No podemos permitir que un puerto que es provincial sea administrado por Buenos Aires”, afirmó.
