l aumento de impuestos incluido por el Gobierno provincial en el proyecto de Presupuesto 2027 comenzó a encontrar resistencia entre distintos bloques de la Legislatura y también dentro del sector empresario. Jorge Lechman (Somos Fueguinos), Federico Sciurano (FORJA) y Matías Lapadula (Provincia Grande) plantearon objeciones a la modificación tributaria, mientras representantes del comercio y el turismo advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la actividad privada.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo a fines de agosto, todavía espera que el Parlamento vuelva a sesionar para tomar estado parlamentario y comenzar a ser analizado en comisión. La iniciativa contempla cambios en las alícuotas aplicables a distintas actividades, modificaciones en el Impuesto de Sellos y la suspensión durante 2027 de las reducciones de Ingresos Brutos que actualmente benefician a contribuyentes cumplidores. Esta última medida implica que quienes acceden a descuentos del 15% o del 8% pasarían temporalmente a pagar el 100% del impuesto determinado.
Lechman adelantó que no acompañará lo que definió como un “impuestazo”. Para el legislador, la Provincia debe revisar primero el nivel y el destino del gasto antes de trasladar mayores costos al sector privado.
El parlamentario sostuvo además que la situación financiera provincial excede el conflicto salarial docente, cuestionó las proyecciones incluidas en el Presupuesto y advirtió sobre las dificultades que atraviesan los proveedores para cobrar.
Federico Sciurano también adelantó que rechazará los incrementos tributarios que alcancen a la actividad comercial.
El legislador de FORJA sostuvo que el Presupuesto proyecta para 2027 un déficit económico de aproximadamente $54 mil millones y uno financiero cercano a $137 mil millones, pero advirtió que al análisis debe incorporarse el efecto de la modificación tributaria.
Sciurano aseguró que los cambios podrían representar alrededor de $200 mil millones y puso especialmente el foco en la situación del comercio fueguino.
“El que vos puedas incrementar las alícuotas que ya hoy se están pagando es prácticamente imposible para la gran mayoría de todo lo que tiene que ver con el sector comercial doméstico de Tierra del Fuego”, afirmó.
Matías Lapadula sumó otro argumento al debate. El presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el proyecto provincial deberá ser reformulado a partir de las estimaciones incorporadas posteriormente al Presupuesto nacional.
Según explicó, Nación proyectaría para Tierra del Fuego ingresos por coparticipación alrededor de un 30% superiores a los calculados por el Ejecutivo provincial cuando elaboró su proyecto.
Lapadula estimó que la diferencia podría representar aproximadamente $150 mil millones adicionales para la Provincia y consideró que, si esos números se confirman, debería revisarse tanto la reforma tributaria como la autorización para tomar deuda.
Los cuestionamientos también llegaron desde el sector privado. El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, sostuvo que los comerciantes no están en condiciones de absorber un nuevo incremento de impuestos y reclamó revisar el gasto provincial antes de aumentar la carga sobre las empresas.
González puso particularmente el foco en Ingresos Brutos y advirtió que una mayor presión tributaria puede terminar reduciendo la rentabilidad de los establecimientos o trasladándose a los precios.
También vinculó la medida con las decisiones de inversión y empleo. “El aumento de impuestos funciona con desinversión, con más desempleo y con menos ganas de pagar. No es una cuestión de voluntad: el sector privado no puede más”, sostuvo.
A las críticas del comercio se sumó el sector turístico. Ángel Brisighelli, socio gerente de Rumbo Sur, director del consorcio hotelero Grupo Albatros y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), cuestionó especialmente el incremento de Ingresos Brutos previsto para las agencias de turismo.
Según explicó, la alícuota aplicable a esa actividad pasaría del 2% al 8%, lo que supone cuadruplicar la tasa actual.
Brisighelli sostuvo que las empresas no tienen margen para absorber ese incremento y que una mayor carga tributaria terminará incidiendo directamente en sus costos.
El empresario advirtió, además, que el efecto no se limitaría a las agencias. La actividad turística integra una cadena de servicios que incluye alojamiento, transporte, gastronomía, guías y otros prestadores, por lo que los cambios impositivos pueden acumularse a lo largo de la estructura de costos y terminar reflejándose en los precios.
Brisighelli planteó que ese escenario podría afectar la competitividad de Tierra del Fuego frente a otros destinos turísticos. “Estamos yendo a contramano del mundo”, afirmó.
El argumento del Gobierno
El mensaje de elevación del Presupuesto ubica las modificaciones tributarias dentro de una estrategia más amplia destinada a fortalecer los recursos propios frente a las restricciones financieras que atraviesa la Provincia.
El propio proyecto fue formulado con un déficit financiero cercano a los $138 mil millones y plantea afrontar ese escenario mediante el control del gasto y de caja, la reorganización administrativa, el fortalecimiento de la recaudación y la utilización de herramientas de financiamiento.
El mensaje, sin embargo, no desarrolla una explicación particular para justificar el cambio de alícuota de cada una de las actividades alcanzadas. Esa defensa fue formulada posteriormente por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo.
El funcionario sostuvo que la modificación responde a un criterio de “equidad fiscal” y señaló que existen actividades con tratamientos tributarios diferentes que, a criterio del Ejecutivo, deben ser revisados.
Según Barrozo, los cambios alcanzan aproximadamente al 25% de las actividades contempladas en el nomenclador y, dentro de ese universo, alrededor de la mitad tendría una variación de 0,5 puntos porcentuales. También aseguró que la reforma buscó no concentrar los aumentos en los sectores más afectados por la retracción económica.
El ministro estimó que las modificaciones de alícuotas permitirían recaudar alrededor de $30 mil millones adicionales y que los cambios en el Impuesto de Sellos aportarían otros $10 mil millones. De acuerdo con esa estimación oficial, el efecto conjunto rondaría los $40 mil millones
