a plazoleta fiscal del Puerto de Ushuaia se convirtió en otro de los puntos sensibles de la intervención federal. A más de ocho meses del desembarco de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), los trabajadores aseguran que el organismo nacional continúa utilizando este espacio provincial que excede a la polémica administración del muelle. Además de maquinaria, edificios y equipamiento pertenecientes a la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
Así lo sostuvo Valeria Barría, referente de los trabajadores portuarios, quien aseguró que, pese a las novedades registrales comunicadas por el Gobierno fueguino sobre el predio, la situación operativa no se modificó. Consultada específicamente sobre qué ocurre actualmente en la plazoleta fiscal, respondió: “Se encuentra con la misma plazoleta desde que se tomó la intervención” y afirmó que la ANPYN continúa realizando allí los movimientos habituales, y que el Gobierno no ha avanzado en el recupero del predio.
La cuestión no es menor. La propia Dirección Provincial de Puertos había explicado al comienzo de la intervención que el control nacional comprendía el área logística, el muelle de embarcaciones menores y el muelle multipropósito.
Bienes provinciales bajo utilización de la intervención
Sin embargo, el uso del espacio físico constituye apenas una parte del problema planteado por los trabajadores. Barría sostuvo que también continúan siendo utilizadas las máquinas containeras y otros equipos adquiridos por la DPP. Durante la entrevista se precisó que esas máquinas, destinadas al movimiento de contenedores, pertenecen al organismo provincial.
En consecuencia, la discusión comienza a desplazarse desde la mera ocupación del Puerto hacia una pregunta patrimonial mucho más concreta: bajo qué condiciones la intervención nacional utiliza bienes pertenecientes a la Provincia y qué contraprestación existe por ese uso.
Barría afirmó, además, que parte de esos equipos estarían siendo operados por personal proveniente de la Administración General de Puertos y por trabajadores llegados desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y otras jurisdicciones. También sostuvo que habría participación de una empresa logística local. Se trata de afirmaciones realizadas por la dirigente durante la entrevista y que requieren distinguirse de hechos acreditados documentalmente.
El contraste que plantean los trabajadores resulta particularmente sensible: mientras maquinistas de la DPP capacitados y certificados permanecen desplazados, la intervención habría recurrido a personal externo para desarrollar tareas utilizando equipamiento provincial. “Hemos tenido siempre el staff más grande de maquinistas calificados y certificados”, recordó Barría.
Además, la plazoleta fiscal forma parte de una infraestructura sobre la cual la Provincia realizó inversiones y proyectó nuevas obras durante años. El presupuesto provincial de 2022, por ejemplo, contemplaba fondos propios para su reparación y también la adquisición de grúas containeras y autoelevadores para fortalecer la operatoria portuaria.
Por eso, la discusión excede ampliamente una disputa administrativa. La intervención mantiene el control operativo de instalaciones y equipamiento vinculados al patrimonio provincial mientras persiste el conflicto por la administración de los recursos económicos generados por el Puerto.
Barría fue todavía más lejos y vinculó esa utilización con el destino de la recaudación. Según sostuvo, se utilizan “nuestros recursos, nuestras maquinarias, nuestros predios fiscales” mientras los ingresos no permanecen bajo administración provincial.
La neutralidad de la Cámara, bajo cuestionamiento
Paralelamente, los trabajadores volvieron a cuestionar a las cámaras empresariales que expresaron preocupación por el desarrollo de la próxima temporada de cruceros, pero que hasta ahora no acompañaron públicamente el pedido de finalización de la intervención.
Barría recordó que los trabajadores cursaron invitaciones formales a representantes de las cámaras de Turismo y Comercio para abrir una instancia de diálogo y coordinar acciones. Según señaló, hasta el momento de la entrevista no habían recibido respuesta.
En ese escenario apareció un elemento político que introduce un interrogante adicional sobre la posición institucional de la Cámara de Turismo. Su presidente, Patricio Cornejo, ha defendido una posición que fue presentada como neutral e institucional frente al conflicto. Sin embargo, Barría señaló públicamente la existencia de una relación afectiva entre Cornejo y la senadora nacional de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca. “Dicen que es la pareja”, afirmó la dirigente, señalando que se trataría de una relación de público conocimiento.
La existencia de una relación personal, por sí sola, no demuestra que las decisiones institucionales de la Cámara respondan a intereses partidarios ni acredita una incompatibilidad jurídica. Pero, frente a un conflicto directamente protagonizado por una dependencia del Gobierno nacional y ante la pertenencia de Monte de Oca al oficialismo nacional, el vínculo plantea un potencial conflicto de intereses que hace razonable reclamar claridad respecto de cómo se construye la posición institucional de la entidad que representa los intereses del sector turístico.
Más aún cuando Cornejo representa a un sector directamente interesado en el funcionamiento del Puerto de Ushuaia y Monte de Oca ocupa una banca en el Senado de la Nación por Tierra del Fuego. Ambos, además, han participado públicamente en actividades vinculadas con el turismo antártico: Cornejo como presidente de la Cámara y representante del sector privado.
Por eso, el cuestionamiento de los trabajadores no debería reducirse a la vida privada de sus protagonistas. La cuestión periodísticamente relevante es otra: si ese vínculo puede condicionar —o generar razonables dudas sobre— la pretendida equidistancia institucional de la Cámara frente a una intervención ejecutada por el mismo espacio político al que pertenece la senadora.
Barría vinculó expresamente ambas circunstancias. Según expresó, esa “neutralidad” podría estar atravesada por esos lazos políticos y personales, aunque se trata de su interpretación y no de una relación causal acreditada.
Mientras tanto, el dato material permanece: la plazoleta fiscal continúa siendo utilizada en el marco de la intervención; equipamiento adquirido por la Provincia permanece afectado a la operatoria; trabajadores provinciales continúan desplazados y las cámaras empresariales que expresan preocupación por la temporada todavía no habían respondido, al momento de la entrevista, a la convocatoria formulada por los portuarios.
Para Barría, después de ocho meses ya no alcanza con declararse neutral. Los trabajadores sostienen que defender la temporada de cruceros implica también discutir quién administra el Puerto, quién utiliza sus bienes y quién controla los recursos que genera.
Y allí la plazoleta fiscal adquiere un valor que excede largamente al movimiento de contenedores: se transforma en una expresión concreta de la disputa por el control del Puerto de Ushuaia.
