casi nueve meses de iniciada la intervención federal al Puerto de Ushuaia, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, trazó un crítico diagnóstico sobre sus consecuencias institucionales y puso especial énfasis en dos aspectos: la utilización de bienes pertenecientes al Estado provincial bajo una administración ajena a la Provincia y la actitud asumida por las cámaras empresarias vinculadas con la actividad.
Murcia sostuvo que desde el comienzo de la intervención quedaron sin efecto las habilitaciones que la DPP había otorgado para ingresar al área portuaria. El cambio alcanzó incluso a funcionarios y trabajadores provinciales que hasta entonces tenían acceso regular a las instalaciones. El presidente del organismo aseguró que la noche en que comenzó la intervención le fue impedido el ingreso.
La situación adquiere particular relevancia respecto de los organismos de control. Murcia explicó que, antes de la llegada de la ANPyN, existía una mecánica permanente de trabajo con las áreas ambientales provinciales. Referenció que el Ministerio de Producción y Ambiente, remitía anualmente la nómina del personal afectado a las inspecciones, la DPP emitía las correspondientes credenciales y brindaba la capacitación exigida para desenvolverse dentro del área portuaria. A partir de allí, los inspectores podían ingresar durante toda la temporada para cumplir sus funciones.
Según Murcia, ese esquema cambió por completo desde el 21 de enero, cuando las habilitaciones provinciales quedaron sin efecto y la intervención comenzó a establecer sus propios permisos de acceso.
El funcionario también puso el foco sobre el patrimonio provincial que quedó dentro del área intervenida. Señaló que maquinaria, vehículos, montacargas y otros elementos adquiridos por la Provincia permanecen allí y que parte de ese equipamiento es actualmente utilizado por personas que no pertenecen a la DPP.
La paradoja que describió es particularmente gráfica. Trabajadores que tenían maquinaria bajo su responsabilidad administrativa hoy no pueden acceder a ella. Murcia afirmó que se adoptaron medidas para deslindar la responsabilidad de esos agentes sobre bienes cuya custodia efectiva ya no pueden ejercer.
La misma discusión alcanza a la plazoleta fiscal. EL funcionario recordó que la intervención decidió ocupar no solamente el muelle sino toda el área logística. Subrayó además que ese espacio forma parte de la estructura económica del puerto, ya que genera ingresos mediante las tarifas aplicadas al movimiento y permanencia de contenedores. Para describir la situación utilizó una comparación contundente: sostuvo que es como si alguien ocupara una casa ajena, la alquilara, cobrara la renta y además realizara modificaciones sin consultar al propietario.
Pero uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido hacia la respuesta del sector empresario. Murcia manifestó su malestar porque instituciones estrechamente vinculadas con la actividad portuaria no expresaron públicamente un rechazo a la intervención con la contundencia que esperaba.
El titular de la DPP reivindicó el aporte privado al desarrollo del destino, pero recordó que desde la provincialización fueron precisamente las administraciones provinciales las que financiaron ampliaciones, mantenimiento, salarios y adquisición de equipamiento. “Estar mirando para otro lado molesta”, sintetizó al reclamar que las entidades empresarias acompañen institucionalmente el pedido para que el puerto vuelva a la administración provincial.
Murcia reveló que mantuvo recientemente una reunión con la Cámara de Comercio en la que solicitó precisamente ese acompañamiento. Según relató, hubo coincidencia respecto de que el Puerto debe retornar a manos provinciales y se planteó la posibilidad de trabajar conjuntamente. Sin embargo, hasta el momento todavía no se conoce que se haya producido un pronunciamiento público de la entidad. “Estamos esperando”, señaló.
También indicó que se promovieron encuentros con otras cámaras para discutir una posición común en defensa del patrimonio provincial. Su planteo buscó separar deliberadamente esa discusión de cualquier alineamiento partidario: para Murcia, el reclamo debe centrarse en la titularidad provincial del Puerto y no en la defensa de una determinada gestión gubernamental.
Sobre el final dejó planteada otra cuestión que excede la coyuntura. Murcia reconoció que la DPP mantuvo históricamente una política ampliamente dialoguista con operadores y actores privados, pero sostuvo que la intervención dejó al descubierto una situación más llamativa.
Su comparación fue directa: afirmó que una decisión restrictiva adoptada por la conducción provincial hubiera provocado inmediatamente reclamos empresarios y políticos, mientras que actuales disposiciones similares de la intervención son aceptadas sin que por parte de los operadores se evidencie una reacción pública equivalente.
La discusión que plantea Murcia, por lo tanto, ya no se limita a quién administra circunstancialmente el Puerto de Ushuaia. Alcanza a quién controla los bienes provinciales, quién decide quién puede ingresar, qué capacidad conservan los organismos fueguinos para ejercer sus competencias y cuál es la posición de quienes desarrollaron durante décadas sus actividades económicas alrededor de una infraestructura construida y sostenida por la Provincia.
