l bloque Somos Fueguinos volvió a impulsar una reforma que introduce cambios relevantes en el funcionamiento de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y en las facultades para adoptar decisiones sobre el sistema portuario fueguino.
El proyecto presentado por el legislador Jorge Lechman modifica distintos artículos de la ley de creación de la Dirección Provincial de Puertos. La iniciativa no es nueva, ya que reproduce en lo sustancial otra iniciativa presentada por el mismo bloque en 2024 y que no llegó a convertirse en ley.
Uno de los principales cambios apunta a establecer un mayor control legislativo sobre decisiones estratégicas. Cualquier privatización o concesión total o parcial, transferencia, transformación societaria, gestión mixta, asociación público-privada o creación de terminales portuarias deberá contar previamente con una ley aprobada por los dos tercios del total de la Legislatura.
De aprobarse, la reforma limitaría las facultades que actualmente tiene la conducción de la DPP para adoptar determinadas decisiones sobre la explotación de servicios, instalaciones y espacios portuarios.
El otro cambio de relevancia alcanza al Consejo Asesor Portuario. El proyecto no modifica sustancialmente los sectores que actualmente participan de ese ámbito, sino que determina con mayor precisión quiénes serán sus representantes.
Por los usuarios establece un representante de las Cámaras de Comercio de la Provincia; por los prestadores, uno de las agencias marítimas y otro de las empresas de estibaje y/o servicios portuarios. También precisa la representación sindical y mantiene la participación de municipios y comunas, Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y Aduana.
La modificación de fondo está en otro punto. Actualmente el Consejo tiene carácter consultivo y la Ley 69 establece expresamente que sus opiniones y dictámenes no son vinculantes. El proyecto Lechman invierte ese criterio y determina que serán vinculantes.
De esta manera, la propuesta no incorpora nuevos sectores con poder de decisión, sino que aumenta el peso institucional de quienes ya participan del Consejo. Entre ellos se encuentran empresas privadas que desarrollan actividades económicas utilizando la infraestructura portuaria provincial y organismos dependientes del Estado nacional.
El proyecto, sin embargo, no precisa sobre qué materias operará el carácter vinculante, qué decisiones deberán ser sometidas al Consejo ni cómo se resolverán eventuales diferencias con la conducción de la DPP. Incluso mantiene la disposición que establece que el Consejo no podrá “interferir o inmiscuirse” en cuestiones internas de administración y conducción, lo que deja abierta la discusión sobre el alcance efectivo de sus nuevas facultades.
La iniciativa también incorpora entre las funciones de la DPP promover la creación de puertos municipales turísticos y recreativos para embarcaciones de hasta 50 metros de eslora y deroga el artículo 7 bis, que determina las funciones del Director Ejecutivo de Puertos, aunque mantiene vigente el artículo que contempla la existencia de ese cargo.
Una contradicción en el nuevo escenario
Si bien la propuesta original es anterior al conflicto con Nación, ya que había sido presentada en 2024, su reedición se produce después de la intervención del Puerto de Ushuaia y adquiere por ello una lectura diferente.
Somos Fueguinos cuestionó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación hubiera avanzado sobre facultades provinciales. Raúl Von der Thusen sostuvo públicamente que “el puerto es de Tierra del Fuego y la administración debe ser de Tierra del Fuego”, aunque también respaldó la realización de una auditoría y formuló cuestionamientos sobre la gestión provincial. Lechman también se manifestó contra la intervención y posteriormente defendió la necesidad de mantener bajo control provincial un recurso considerado estratégico.
Es allí donde aparece una de las contradicciones que plantea el 532/26. Mientras el espacio cuestionó que Nación sobrepasara sus facultades al intervenir una terminal administrada por Tierra del Fuego, propone simultáneamente aumentar la incidencia en las decisiones de organismos que dependen del propio Estado nacional.
Armada, Prefectura y Aduana ya forman parte del Consejo Asesor. La diferencia es que actualmente participan de un organismo cuyas opiniones no obligan a la DPP. Con la reforma integrarían un cuerpo cuyos dictámenes tendrían carácter vinculante.
Esto no significa que esos organismos pasen a administrar el Puerto ni que puedan imponer individualmente sus decisiones. Sí supone que participarían de un ámbito con una capacidad de condicionamiento sobre la autoridad portuaria provincial que actualmente no tiene.
Una situación similar se plantea con el sector privado. Mientras el proyecto fortalece el control público al exigir dos tercios de la Legislatura para privatizaciones y concesiones, paralelamente aumenta el peso en las decisiones de empresas que obtienen beneficios económicos de actividades desarrolladas sobre una infraestructura construida, mantenida y ampliada con inversión pública provincial.
