l Gobierno provincial defendió ante la Legislatura el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Fueguino, mientras representantes de distintos bloques plantearon modificaciones y cuestionamientos sobre las fuentes previstas para sostener el nuevo esquema.
Del encuentro en la Comisión de Educación participaron, entre otros funcionarios, la secretaria de Coordinación del Ministerio de Educación, María Fernanda García, y el ministro de Economía, Alejandro Barrozo.
Desde el Ejecutivo se sostuvo que el objetivo es otorgar “previsibilidad y estabilidad” a los recursos educativos mediante un sendero de inversión que procura alcanzar el 7,8% del PBG en un máximo de cinco ejercicios fiscales.
El proyecto establece metas progresivas del 4,50%, 4,95%, 5,70%, 6,60% y 7,80% del PBG. Ese recorrido podrá suspenderse cuando el PBG real sea nulo o negativo o disminuyan en términos reales los recursos provenientes de la coparticipación o la recaudación provincial.
También crea un Fondo de Financiamiento Educativo. Al menos el 50% deberá destinarse al fortalecimiento salarial docente, un 25% a infraestructura escolar y un 15% a equipamiento tecnológico y recursos didácticos.
Las principales diferencias aparecieron al analizar las fuentes del fondo. Entre ellas se contemplan modificaciones tributarias y una detracción del 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de su distribución secundaria, lo que reduciría la masa posteriormente coparticipada a los municipios.
García rechazó que la propuesta pueda resumirse como un “impuestazo” y sostuvo que el tratamiento legislativo permitirá revisar las fuentes y modificar el texto.
Dentro del oficialismo también surgieron propuestas de cambios. Federico Sciurano propuso eliminar las fuentes vinculadas al Banco de Tierra del Fuego, la distribución de gas y la detracción sobre los recursos coparticipables a los municipios. Como alternativas mencionó recursos provenientes del revalúo inmobiliario rural, empresas estatales y futuros desarrollos productivos.
Federico Greve defendió la necesidad de establecer una política de financiamiento educativo de largo plazo, aunque admitió que las fuentes y alícuotas pueden revisarse durante el debate.
Desde otros bloques hubo mayores cuestionamientos. Luciano Selzer (LLA), presidente de la Comisión de Educación, señaló que el fondo tendría carácter complementario y reclamó conocer cómo se utilizan actualmente los recursos educativos antes de avanzar con nuevas cargas tributarias.
Pablo Villegas (MPF) estimó que las fuentes previstas aportarían unos 10 mil millones de pesos anuales y sostuvo que el 50% destinado a salarios representaría aproximadamente el 1,26% de la masa salarial docente. Su par de bancada, Damián Löffler, quien no participó de la reunión de comisión, planteó directamente que el proyecto enviado por el Ejecutivo con tratamiento de urgencia sea remitido al archivo y que se continúe trabajando sobre las iniciativas de financiamiento educativo que ya se encontraban en análisis en la Legislatura. Cuestionó que la propuesta busque obtener recursos mediante una mayor presión sobre los contribuyentes, un incremento del costo del gas y la afectación de fondos coparticipables a los municipios. “No podemos resolver un problema generando otros tres”, sostuvo, y afirmó que “el esfuerzo no puede recaer siempre sobre los mismos”.
María Laura Colazo (PV) pidió analizar el proyecto artículo por artículo para evitar mayores cargas sobre los contribuyentes y cuestionó la falta de una instancia previa de búsqueda de consensos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Matías Lapadula (PG), reclamó precisiones sobre cuánto recaudarían las nuevas fuentes, el impacto sobre los municipios y la determinación del PBG que servirá de referencia para las metas de inversión.
María Victoria Vuoto (PJ), en tanto, planteó la necesidad de contar con herramientas presupuestarias que permitan sostener una política educativa de largo plazo y mencionó el impacto de la eliminación de programas nacionales.
El debate continuará el próximo martes en una reunión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto, donde se analizarán las metas de inversión, las fuentes propuestas y su impacto y sostenibilidad.
