a discusión por el financiamiento educativo comenzó a concentrarse en cómo sostener el fondo sin trasladar nuevos costos a la economía cotidiana. Dentro de la Legislatura surgieron propuestas para conservar los objetivos generales del proyecto y modificar algunas de las fuentes previstas por el Ejecutivo.
El legislador de FORJA, Federico Sciurano, explicó que presentó un proyecto de dictamen que acompaña la creación del fondo, pero excluye los gravámenes sobre el Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas. “Me parece importante que haya una ley de financiamiento educativo”, sostuvo, aunque consideró que esas dos herramientas terminarían afectando a los mismos sectores que se pretende beneficiar.
En el caso del BTF, Sciurano defendió la exención de Ingresos Brutos que actualmente diferencia al banco provincial de las entidades privadas. Argumentó que sus utilidades permanecen dentro del circuito económico fueguino y recordó el papel que tuvo la entidad durante la pandemia y, más recientemente, mediante herramientas de refinanciación para familias endeudadas.
Según planteó, incorporar un gravamen sobre el banco terminaría trasladándose a sus usuarios. “El propio empleado público va a terminar pagando también ese incremento”, afirmó. Para Sciurano, además, existe una contradicción entre reducir la capacidad económica del BTF y prever al mismo tiempo que parte de las utilidades de las empresas públicas integren el fondo educativo.
La misma objeción formuló sobre la distribución domiciliaria de gas. El legislador sostuvo que cualquier incremento impositivo aplicado a ese servicio terminaría incorporándose a las facturas. “Ese 3% que le vas a poner a Camuzzi efectivamente va a terminar llegando a tu boleta de gas”, señaló.
Sciurano aseguró que varios legisladores expresaron reparos similares durante la última reunión de comisión y consideró que esas coincidencias deberían traducirse en un dictamen. “Da la sensación que hay una mayoría importante de legisladores que no está de acuerdo con lo del BTF”, afirmó, y agregó que también existe un rechazo considerable al gravamen sobre el gas.
Su propuesta no implica eliminar el esquema de financiamiento. El legislador destacó otros componentes del proyecto, como la asignación de una parte de las utilidades de empresas públicas, el revalúo fiscal rural, la vinculación del cargo docente con la canasta básica y el aumento progresivo de la inversión educativa durante los próximos cinco años.
También valoró que el fondo contemple destinos específicos para los recursos. El proyecto establece que al menos la mitad se oriente al salario docente, mientras otra parte deberá financiar infraestructura, mantenimiento, equipamiento y herramientas educativas. Para Sciurano, esos objetivos pueden preservarse aun cuando se modifiquen las fuentes cuestionadas.
El dirigente advirtió que la discusión no debería convertirse en una disputa política alrededor del trámite de urgencia. Consideró que el desafío es encontrar una síntesis que permita fortalecer el sistema educativo sin devolver por otra vía, mediante impuestos, parte de la mejora económica que se intenta conseguir para docentes y trabajadores. “Lo que te doy te lo saco después a través de un tributo, porque si no lo que estamos discutiendo no tiene sentido”, resumió. Sciurano se mostró dispuesto a evaluar otras alternativas que no recaigan directamente sobre el consumo familiar o la actividad comercial.
La próxima reunión conjunta de las comisiones de Economía y Educación está prevista para el martes, mientras que la sesión ordinaria será el 28 de octubre. Sciurano consideró poco probable que el texto original termine aprobado sin cambios por el trámite de urgencia y sostuvo que el nivel de coincidencias expresado hasta ahora debería permitir alcanzar una redacción alternativa.
