l debate legislativo sobre el fondo educativo se concentra ahora en una pregunta central: si las fuentes incluidas alcanzan para cumplir las metas del propio proyecto. Tras la exposición de los ministerios de Economía y Educación, quedaron planteadas objeciones sobre la recaudación esperada, el uso del presupuesto vigente y el impacto de varios gravámenes.
El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula sostuvo que las estimaciones oficiales están muy por debajo de los objetivos establecidos. “Los recursos que prevé el proyecto no llegan a los 9 mil millones de pesos anuales. Estamos lejísimos de los objetivos propuestos”, afirmó al comparar esa cifra con la intención de llevar progresivamente la inversión educativa del 4,5% al 7,8% del Producto Bruto Geográfico.
A esa diferencia sumó otro interrogante: cómo se utilizan los fondos que ya recibe el sistema. Según la información que atribuyó al Ministerio de Economía, educación representa actualmente alrededor del 26% del presupuesto provincial y más de $12 millones por alumno al año. “Lo primero que tenemos que empezar a analizar es cómo gastamos ese presupuesto”, planteó.
Lapadula aclaró que acompaña la necesidad de fortalecer el sistema y mejorar los salarios docentes, pero sostuvo que incorporar recursos sin revisar su ejecución puede reproducir los mismos problemas. “Si seguimos gestionando los recursos públicos y tirándole fondos a un presupuesto de educación donde se gasta mal, vamos a seguir castigando el bolsillo de todos los vecinos para no solucionar nada”, señaló.
Entre las fuentes que objeta aparece una alícuota del 3,4% sobre la distribución domiciliaria de gas. El legislador aseguró que ese costo se trasladaría directamente a los usuarios. “Inmediatamente en la factura de gas va a estar ese 3,4% y lo van a pagar todos los vecinos y vecinas”, advirtió.
También rechazó gravar con Ingresos Brutos actividades del Banco Tierra del Fuego que actualmente están exentas. Consideró contradictorio reducir las utilidades de una entidad estatal cuando el proyecto prevé que parte de las ganancias de las empresas públicas pueda integrar el mismo fondo.
La tercera observación alcanza al 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos que se detraería antes de su distribución. Para Lapadula, esa decisión reduciría recursos que llegan a los municipios en un momento en que las administraciones locales también enfrentan una caída de ingresos y demoras en las transferencias provinciales.
En cambio, respaldó la actualización del impuesto inmobiliario rural. Señaló que llevaba más de 14 años sin adecuarse y que la recaudación anual no alcanzaba los $5 millones. “Esto es lo único que yo considero que está bien”, dijo, aunque cuestionó que el revalúo no se hubiera realizado mucho antes.
Sobre las fuentes vinculadas con actividades todavía no desarrolladas, como el hidrógeno verde, dijo no tener objeciones a que en el futuro aporten a educación, pero reclamó proyecciones concretas. Cuestionó que se incorporen al texto sin una estimación de cuándo comenzarían a generar recursos ni cuánto podrían aportar.
El legislador tampoco considera una solución eliminar todas las fuentes y dejar únicamente los objetivos. Advirtió que una norma sin recursos sería “una cáscara vacía” y reclamó buscar alternativas que permitan reforzar el presupuesto sin trasladar el costo a familias, comercios o municipios.
Con el trámite de urgencia todavía vigente, Lapadula sostuvo que la Legislatura necesita más tiempo para revisar partidas, horas cátedra y posibles reasignaciones antes de sumar nuevos impuestos. “Hay que pensar en otras salidas, y yo creo que las hay”, afirmó. El desafío, planteó, será llegar a la próxima sesión con una propuesta capaz de financiar las metas educativas sin agravar la presión sobre la economía fueguina.
