l defensor oficial no penal de la Justicia Federal de Ushuaia, José Bongiovanni, destacó los avances alcanzados en la protección de familias en situación de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para pagar el servicio de gas. Subrayó especialmente la articulación lograda entre el Ministerio Público de la Defensa, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, que permitió establecer mecanismos de resolución de conflictos sin necesidad de recurrir sistemáticamente a la vía judicial.
El funcionario recordó que la intervención comenzó durante los meses más críticos del invierno, cuando numerosas familias acumulaban deudas y enfrentaban la posibilidad de sufrir cortes del suministro. Advirtió que esa herramienta, utilizada habitualmente como último recurso frente a la morosidad, estaba alcanzando situaciones en las que correspondía considerar la imposibilidad económica de afrontar las facturas.
Explicó que el Ministerio Público de la Defensa realizó relevamientos territoriales que derivaron en una acción judicial y posteriormente en una resolución favorable de la Justicia Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto. El proceso concluyó con un acuerdo cuyos términos están sujetos a confidencialidad.
Sin embargo, Bongiovanni destacó que el resultado más importante fue la apertura de un canal permanente de diálogo institucional para abordar nuevos casos.
“Hemos logrado una sinergia de trabajo”, afirmó, al explicar que actualmente la Defensoría puede intervenir ante Camuzzi y el Enargas cuando detecta situaciones de vulnerabilidad debidamente acreditadas, incluso sin iniciar una nueva demanda judicial.
A través de equipos sociales se evalúan las condiciones de cada familia y, cuando corresponde, se solicita a la distribuidora y al organismo regulador que contemplen esas circunstancias particulares, garanticen una atención presencial y ofrezcan planes de pago acordes con las posibilidades económicas de los usuarios.
“La verdad que eso está funcionando ahora, por eso no ha escalado”, aseguró. Precisó que mediante este procedimiento se han abordado situaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en un contexto de elevada morosidad que afecta a numerosas familias fueguinas.
El defensor sostuvo que el principio de asequibilidad y el carácter esencial del gas en Tierra del Fuego constituyen aspectos fundamentales que deben contemplarse al momento de resolver estos conflictos.
También valoró la rapidez con que las partes lograron sentarse a dialogar y encontrar mecanismos de respuesta, aunque observó que muchas veces los sistemas institucionales recién activan soluciones cuando los problemas alcanzan niveles elevados de conflictividad.
En otro orden, Bongiovanni hizo hincapié en la importancia de que la población conozca la existencia y las funciones de las defensorías oficiales, como organismos a los que puede recurrir para proteger sus derechos ante situaciones que requieren intervención institucional.
“La desinformación es un problema, la falta de conocimiento de las instituciones por parte de la población es un problema de instrucción cívica”, señaló.
No obstante, consideró que esa falta de conocimiento no constituye exclusivamente una responsabilidad de los ciudadanos, sino también de los propios organismos públicos.
“También es un problema de que las instituciones no salen a buscar la pelota”, expresó, al señalar que las distintas modalidades de gestión y las características de cada comunidad influyen en la manera en que los organismos se vinculan con la sociedad.
En ese sentido, su intervención puso de relieve la importancia de que las personas en situación de vulnerabilidad conozcan las herramientas institucionales disponibles y puedan acudir a las defensorías oficiales para canalizar sus reclamos, antes de que las dificultades económicas deriven en consecuencias más graves.
Diálogo con estudiantes
Por otra parte, Bongiovanni se refirió a una iniciativa de la Defensoría General de la Nación destinada a promover encuentros con estudiantes secundarios para abordar cuestiones vinculadas con la salud mental, la prevención del suicidio y el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, entre otros temas.
La primera actividad se desarrolló en el colegio Don Bosco, con alumnos de primero y segundo año.
El defensor valoró especialmente la posibilidad de dialogar cara a cara con los adolescentes y transmitirles información confiable sobre sus derechos y responsabilidades, en un contexto en el que, según advirtió, los algoritmos de las plataformas digitales condicionan crecientemente la libertad de pensamiento.
Entre los temas que despertaron mayor interés mencionó la responsabilidad penal juvenil y las consecuencias legales de determinadas conductas, como las agresiones físicas, los hurtos y la generación, tenencia o difusión de imágenes íntimas, incluso aquellas producidas mediante inteligencia artificial.
Explicó que durante la charla se abordaron las implicancias penales de estas prácticas y los cambios legislativos en discusión, además de orientar a los estudiantes sobre las instituciones a las que pueden recurrir ante distintas problemáticas, lo que fue una de las principales inquietudes de los alumnos.
Bongiovanni consideró fundamental acercar información directamente a los jóvenes, especialmente en momentos en que también se debate el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas.
Finalmente, adelantó que la intención es dar continuidad a estas actividades y que ya existen otros establecimientos educativos interesados en participar de los encuentros.
