on la mira puesta en la reelección presidencial de 2027, el Gobierno pretende eliminar las primarias que se realizan en agosto para definir las candidaturas nacionales.
Sin embargo, la iniciativa ingresada en abril continúa empantanada y obliga al oficialismo a multiplicar las negociaciones para evitar que una de sus principales apuestas políticas termine naufragando en el recinto.
Además del poroteo, el oficialismo enfrenta un problema de calendario.
La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de aprobar con anticipación cualquier modificación de las reglas electorales, ante la proximidad de los comicios de 2027.
La cuenta es concreta y el margen, cada vez más estrecho. La Libertad Avanza dispone de 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar el proyecto.
Esto implica sumar al menos 16 voluntades de otras bancadas, una meta que todavía no consiguió asegurar.
En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones con los gobernadores dialoguistas, en un intento por transformar los acuerdos políticos y las demandas provinciales en respaldos legislativos.
Hasta ahora, el oficialismo habría conseguido acercar 11 de los 16 votos que necesita, aunque el desafío sigue siendo convertir esos compromisos en una mayoría efectiva.
La estrategia oficial expone una de las principales dificultades de La Libertad Avanza: sus aliados no están dispuestos a acompañar automáticamente una reforma que puede alterar sus propios planes electorales.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, decidió mantenerse al margen de la negociación directa, bajo el argumento de que las conversaciones están atravesadas por los acuerdos electorales que cada espacio pretende cerrar en sus respectivos distritos.
De esta manera, Santilli concentra una tarea que excede la discusión parlamentaria y se adentra en el complejo mapa de intereses provinciales.
Detrás de cada voto aparecen reclamos por obras públicas, recursos, decisiones regulatorias y condiciones para competir en las elecciones de 2027.
La Casa Rosada necesita que los gobernadores traduzcan sus posiciones políticas en instrucciones concretas para sus senadores.
El radicalismo aparece como uno de los principales obstáculos para el oficialismo. Aunque algunos gobernadores de la UCR se pronunciaron a favor de suspender las primarias, el bloque de diez senadores mantiene una posición dividida.
Los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Chaco, Leandro Zdero se manifestaron a favor de avanzar con la suspensión.
Ese respaldo podría traducirse en los votos de Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, por Corrientes, y de Eduardo Galaretto y Silvina Schneider, por Santa Fe.
A esos cuatro apoyos podría sumarse el del correntino Carlos “Camau” Espínola, aliado de Valdés, lo que permitiría al Gobierno acercarse a su objetivo.
La situación de Mendoza agrega un componente electoral a la disputa. El gobernador Alfredo Cornejo todavía no definió si respaldará la iniciativa y busca garantías para que Luis Petri, hoy alineado con el espacio libertario, no compita en las elecciones provinciales bajo condiciones que puedan perjudicar al oficialismo mendocino.
Cornejo también planteó la necesidad de evaluar los costos y beneficios del sistema de primarias, al que su provincia recurrió en distintas oportunidades.
Cornejo tiene dos senadores que son claves para el Gobierno: Rodolfo Suárez y Mariana Juri.
También es una incógnita la posición de la santafesina Carolina Losada.
En la vereda opuesta, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama se oponen a la eliminación de las PASO.
La división radical refleja que el Gobierno no puede dar por descontado el apoyo de un bloque que resulta decisivo para cualquier intento de reforma electoral.
El otro foco de tensión está en el PRO. Sus tres representantes en el Senado -Martín Goerling Lara, Andrea Marcela Cristina y María Victoria Huala- mantienen reparos frente a la eliminación de las primarias y defienden su continuidad.
La postura representa un problema adicional para Milei: incluso dentro de los espacios que acompañaron buena parte de su agenda legislativa, la reforma electoral no cuenta con consenso automático. (Noticias Argentinas)
