a trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Valeria Barría, cuestionó con dureza la actitud de los representantes de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego frente a la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Durante una entrevista en el programa radial en “Zoom a Diario”, sostuvo que un grupo determinado de dirigentes empresariales parecen más preocupados por garantizar sus operaciones comerciales que por defender uno de los principales activos estratégicos de la provincia.
Las críticas surgieron después del tenso encuentro que protagonizaron trabajadores portuarios con el presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo; Ángel Brisigueli y el empresario Rojas, durante el fin de semana.
Según relató Barría, ese día unos 40 trabajadores se habían autoconvocado frente al puerto para continuar reclamando contra la intervención nacional. Al finalizar la manifestación, el presidente de la DPP, Roberto Murcia, les informó que Cornejo había solicitado mantener una instancia de diálogo.
Sin embargo, pese a que los trabajadores permanecieron esperando durante más de una hora, los representantes empresariales finalmente se negaron a conversar con ellos.
Barría recordó que los empleados portuarios habían solicitado meses atrás un pronunciamiento concreto tanto de la Cámara de Turismo como de la Cámara de Comercio, sin obtener una respuesta favorable. Por eso, consideraron que el encuentro representaba una oportunidad para acercar posiciones.
No obstante, la reunión terminó generando un fuerte malestar. La trabajadora, con dos décadas de trayectoria en la institución, calificó como arrogante la actitud de Cornejo y Brisigueli y denunció que recibieron un trato desconsiderado.
"Fue un destrato para los trabajadores que hace prácticamente diez meses venimos defendiendo el puerto de la provincia", afirmó.
Además, cuestionó que los empresarios pretendieran que las autoridades portuarias intercedieran para frenar las manifestaciones, mientras evitaban pronunciarse sobre la intervención federal y sus consecuencias.
En ese sentido, Barría puso en discusión la supuesta neutralidad de los representantes turísticos. "No sé si es neutral", expresó, y consideró que la posición de algunos dirigentes podría estar condicionada por sus vinculaciones políticas.
Particularmente, mencionó la relación de Cornejo con la senadora nacional de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, y planteó que la actitud de intentar desalentar las protestas podría estar vinculada con el oficialismo nacional.
Asimismo, sostuvo que la falta de un posicionamiento firme frente a las irregularidades que denuncian los trabajadores termina favoreciendo la continuidad de la intervención.
"Están defendiendo sus propios intereses", afirmó Barría, al considerar que algunos empresarios parecen conformarse con mantener sus actividades mientras el Gobierno nacional continúe administrando el puerto.
Para la trabajadora, esa posición desconoce que la terminal portuaria constituye un recurso estratégico cuya importancia excede ampliamente los beneficios económicos de las empresas turísticas.
"Me parece que no poner una postura firme a todo lo que sabemos que vino a ser una intervención, de ser no transparente, no claro, de llevarse los recursos del puerto y demás, es ser cómplice de esta intervención también", sostuvo.
Por otra parte, Barría rechazó que la actividad portuaria haya comenzado a funcionar correctamente recién con la llegada de las autoridades nacionales. Recordó que desde 1992 la institución desarrolló un trabajo sostenido para incrementar las recaladas y consolidar a Ushuaia como destino internacional de cruceros.
Como ejemplo, destacó las operaciones de transbordo de pasajeros entre buques y aviones realizadas durante la temporada anterior, que demandaron la coordinación de organismos provinciales, trabajadores portuarios, agencias turísticas y distintas instituciones.
Según explicó, aquella experiencia había generado un importante movimiento económico para Ushuaia y existían expectativas de repetirla durante la presente temporada.
Finalmente, advirtió que la intervención federal interrumpió proyectos y procesos de crecimiento que venían desarrollándose desde hacía años.
