l legislador provincial Federico Sciurano presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y laboral en Río Grande y Tolhuin, con una serie de medidas destinadas a sostener la actividad comercial, preservar puestos de trabajo y amortiguar las consecuencias de la crisis que atraviesa el sector industrial fueguino.
“Río Grande está pasando, sin ninguna duda, un momento de quiebre por la situación económica del mercado interno”, afirmó el parlamentario, quien advirtió que la pérdida de más de 5.000 empleos directos en la industria desencadenó un efecto negativo sobre el conjunto de la economía local.
Explicó que las consecuencias trascienden a los trabajadores despedidos, porque cada salario que desaparece también representa una reducción del consumo en supermercados, comercios y pequeños emprendimientos.
“Eso ha puesto a Río Grande y a Tolhuin en un lugar de extrema vulnerabilidad, que obliga a que, más allá del discurso, tomemos algunas decisiones para tratar de ayudar”, sostuvo.
Sciurano comparó la situación con la crisis provocada por la pandemia, cuando se implementaron mecanismos de asistencia como el programa Progreso para sostener a las empresas que debían continuar afrontando salarios y alquileres pese a la paralización de sus actividades.
Alivio tributario y financiamiento
El proyecto contempla tres líneas de intervención. La primera consiste en reducir la carga tributaria provincial para aquellos establecimientos comerciales que acrediten una caída de facturación y hayan mantenido sus planteles de trabajadores.
El beneficio tendría una duración inicial de seis meses, con posibilidad de extenderse por otros seis, dependiendo de la evolución de la situación económica.
Sciurano argumentó que el objetivo no es resignar recursos fiscales, sino evitar que el deterioro de la actividad termine provocando una pérdida de recaudación todavía mayor.
“Lo que estamos debatiendo no es lo que el fisco no va a cobrar, sino lo que el fisco va a dejar de cobrar en los próximos meses si no hacemos algo”, explicó.
La segunda herramienta involucra al Banco de Tierra del Fuego, mediante la implementación de programas de cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito para estimular el consumo, además de mecanismos de contención de las deudas de los sectores afectados.
El legislador defendió especialmente el papel de la entidad financiera provincial, al considerar que debe conservar su capacidad para intervenir en situaciones de emergencia.
“El Banco de la Provincia tiene que aparecer en estos momentos”, afirmó, y advirtió sobre la necesidad de preservar sus recursos para que pueda cumplir su función de asistencia a la economía fueguina.
Reclamo por los fondos del FAMP
El tercer eje del proyecto apunta al Gobierno nacional y propone solicitar que los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) se destinen exclusivamente a inversiones en Río Grande y Tolhuin.
Sciurano sostuvo que ambas ciudades atraviesan una situación particularmente crítica y recordó que los recursos del fondo se originan principalmente en los aportes de las industrias radicadas en Río Grande.
“Si bien es verdad que Ushuaia está pasando una situación económica que no es buena, la situación que estamos viviendo en Río Grande y Tolhuin es terminal”, expresó.
En ese contexto, pidió revisar las prioridades de inversión del FAMP para orientar sus recursos hacia los sectores y localidades que necesitan asistencia urgente.
“El FAMP es una herramienta económica poderosa para la situación que tenemos, que podría ayudar notoriamente a que Río Grande y Tolhuin tengan por lo menos un poco de oxígeno”, consideró.
Aclaró que la asistencia propuesta no resolverá por sí sola los problemas estructurales, pero podría contribuir a sostener la actividad mientras se buscan alternativas de recuperación.
Un llamado al acuerdo político
Sciurano planteó que la gravedad de la crisis exige superar las diferencias partidarias y construir acuerdos que permitan adoptar medidas concretas.
Reconoció que la proximidad del calendario electoral puede dificultar los consensos, pero consideró indispensable que la dirigencia provincial actúe con responsabilidad.
“Creo que es momento de ponernos un poco por encima de eso”, sostuvo, y pidió que los distintos sectores políticos acompañen el reclamo para orientar los recursos disponibles hacia las localidades más perjudicadas.
Finalmente, confirmó que el proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión legislativa y estimó que será girado a la Comisión de Economía, aunque podría intervenir también otra comisión.
Expresó su expectativa de que los bloques puedan introducir modificaciones y alcanzar rápidamente un acuerdo para convertir la iniciativa en una herramienta efectiva.
“Ojalá que podamos ponernos de acuerdo y generar las modificaciones que los distintos bloques puedan tener en cuenta para que sea una herramienta en breve tiempo y no que quede después en un debate mediático nada más”, concluyó.
El legislador insistió en que la urgencia resulta determinante, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano, y advirtió que postergar el tratamiento hasta el próximo año reduciría considerablemente la utilidad de las medidas propuestas.
