l Gobierno de Tierra del Fuego reconoció la existencia de fondos pendientes de transferencia al Municipio de Río Grande, pero no pudo precisar cuándo ni mediante qué mecanismo cancelará la deuda superior a los $17.294 millones. La falta de respuestas concretas quedó expuesta durante una reunión encabezada por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, en la que participaron representantes de los tres municipios fueguinos.
La secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, asistió al encuentro junto con integrantes del equipo económico y legal de la gestión del intendente Martín Pérez. Después de más de tres horas de conversaciones, la funcionaria expresó su preocupación por la ausencia de compromisos verificables para regularizar las transferencias.
“Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, manifestó al término de la reunión.
Según explicó, las autoridades provinciales reconocieron las obligaciones pendientes y señalaron que gestionan recursos extraordinarios ante el Gobierno nacional para reducir parcialmente los montos acumulados. Sin embargo, esa alternativa permanece sujeta a ingresos inciertos y no contempla garantías sobre las sumas disponibles.
“Más allá de esa posibilidad hipotética de llegada de dinero, no ha puesto ni fecha, ni cronograma, ni ninguna certeza sobre cómo y cuándo va a cancelar la deuda”, advirtió Capotorto.
El principal planteo municipal se relaciona con fondos coparticipables que, de acuerdo con la información oficial disponible, ingresaron efectivamente a las cuentas provinciales sin ser posteriormente distribuidos a las administraciones locales. Para Capotorto, esa situación implica que el Ejecutivo fueguino dispone de recursos pertenecientes a los municipios para atender sus propios compromisos financieros.
“La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, remarcó, antes de describir el destino que, según su interpretación, reciben esos ingresos: “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”.
La funcionaria indicó que los retrasos superan actualmente los 45 días y mencionó como antecedente un decreto provincial que reconoce haber completado recién el 19 de octubre las transferencias correspondientes a julio. Consideró que las demoras administrativas invocadas por el Gobierno no justifican semejante postergación en un sistema de distribución que dispone de herramientas digitales.
Otro punto abordado fue el impacto de los adelantos de coparticipación solicitados por la Provincia. Río Grande reclamó garantías para impedir que las obligaciones derivadas de esos mecanismos financieros, incluidos sus intereses, terminen afectando los ingresos municipales.
“Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, sostuvo.
Aunque Capotorto aseguró que el Municipio continuará abonando los salarios en tiempo y forma, advirtió que la persistencia de la deuda reduce progresivamente la capacidad financiera para sostener servicios esenciales, entre ellos agua potable, recolección de residuos, transporte, salud y obras públicas.
La reunión concluyó con el compromiso provincial de procurar una reducción de los atrasos si obtiene fondos extraordinarios o, en caso contrario, formular una propuesta alternativa. También se establecieron encuentros técnicos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 en Ushuaia.
No obstante, ninguno de esos acuerdos contempla montos ni fechas de devolución. Frente a esa incertidumbre, el Municipio anticipó que continuará con sus reclamos institucionales y evaluará eventuales acciones administrativas y judiciales para recuperar los recursos que considera legítimamente propios.
